¿Por qué Pedro, Juan y Diego podría quebrar en Chile? Esto es lo que pasó con la cadena de comida rápida
Su difícil presente económico se remonta al año 2023. En los últimos días, la situación habría empeorado.
¿Por qué Pedro, Juan y Diego podría quebrar en Chile? Esto es lo que pasó con la cadena de comida rápida / Getty Images
Esta semana se dio a conocer que la cadena de comida rápida Pedro, Juan y Diego estaría pasado por un complejo momento económico que la tendría al borde de la quiebra.
Según explicó Pulso, el riesgo de una posible liquidación forzosa llegó luego de incumplir un acuerdo con sus acreedores.
De hecho, fue el pasado 30 de septiembre de 2023 cuando la sociedad Cuatro SpA, con la que operan los locales de PJ & D, solicitó su reorganización concursal para reordenar sus pasivos y evitar su final.
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En una situación similar a la vivida por Pollo Stop, que también es parte del holding Unifood, la marca dijo tener deudas de $17.100 millones mientras operaba 58 sucursales y daba trabajo a 640 personas.
En su momento, Cuatro SpA dijo que su operación “se vio afectada producto de factores totalmente ajenos al negocio, a su control, y de naturaleza totalmente excepcional, como fue el estallido social y las manifestaciones que tuvieron lugar durante el último trimestre de 2019″.
Actualmente, el detalle indica que no se habría cumplido con el calendario de pagos establecidos originalmente. Una situación que fue expuesta a través de un correo del interventor Enrique Ortiz al superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez.
El texto revela que la compañía de alimentos no cumplió con una cuota del 28 de diciembre de 2024, abonando solo $9 millones de los $27 millones pendientes. Tampoco pagó en enero y el plazo ya venció.
Las fechas mencionadas habían sido aprobadas por el 5° Juzgado Civil de Santiago. Ahora, el reiterado incumplimiento de las obligaciones puso en duda la viabilidad del proceso.
El riesgo radica en que, según la ley, cuando una empresa no cumple cualquier acreedor afectado o el interventor puede solicitar al tribunal su término. Ahí la entidad podría dar pie a la liquidación forzosa, haciendo exigibles las obligaciones suspendidas y ordenar la ejecución de garantías.
