Senadora Provoste por crisis de educación en Atacama: «Las soluciones que se proponen están muy alejadas de la realidad»

Dijo que el viernes pasado, feriado por motivo de la conmemoración de las Iglesias Evangélicas, fue con la diputada Daniella Cicardini (PS) y el diputado Cristian Tapia (IND, pro PPD) a buscar soluciones para problemas que llevaban por 40 días consecutivos y que, en eso de encontrar salidas, lo autogestionaron. Y al enumerarlo, se escucha terrible:

«Se autogestionaron apoyos para resolver los problema más básicos que tenían las escuelas y que impiden que puedan volver a clases: que las salas tengan luz, que los baños tengan aguas, que las ventanas tengan vidrios, que tengamos extintores, con materiales disponibles para enfrentar una emergencia, que las cocinas tengan aguas, que los niños no tengan que enfrentarse a las plagas de ratones, de cucarachas, de palomas. De eso hablamos».

Porque para la senadora Yasna Provoste (DC), «la propuesta del ministerio que conocimos el fin de semana es una propuesta que se ofrece como una anestesia para un dolor que es muy persistente, punzante, en nuestra región y que tiene que ver con el abandono de la educación pública por parte de la nueva administración, de los servicios locales de educación pública en el país».

Fue, incluso, más grave: en ADN Hoy dijo la mañana de este lunes que «la propuesta del ministerio busca calmar la tranquilidad espiritual de ellos, más que garantizar el derecho a la educación de nuestros niños».

Escucha la entrevista aquí:

Pero hay que poner en contexto la situación: son cerca de 50 días los que alrededor de 30 mil alumnos estuvieron sin clases por problemas de diversa índole que, de acuerdo a lo que señaló la parlamentaria, habían sido advertidos por Contraloría incluso en 2022. 

Atacama fue también una de las primeras regiones que pasó la administración de los colegios a los Servicios Locales de Educación. Y las soluciones de la cartera apuntan a que cada Unidad Técnica Pedagógica establezca un reporte para trabajar el currículum en las horas lectivas, lo que permitiría alcanzar las metas de aprendizaje pendientes.

Es una propuesta, a juicio de Provoste, «está muy alejada de la realidad: ¿a qué escuelas vamos a volver, si los trabajos en ellas ni siquiera han comenzado?».

La parlamentaria también contó que hubo una auditoría de junio pasado, encargada por la misma secretaría de Estado, que daba cuenta de los problemas. E incluso más: «Ellos mismos habían estado, al inicio del año escolar, en la escuela donde se estaba inaugurando el año, les dijeron que no tenían las condiciones para garantizar el derecho a clases, ni el material pedagógico, ni elementos de protección personal. Así y todo, no hicieron nada en este tiempo».

«La auditoría de junio, que hizo el propio ministerio, reveló serias irregularidades en el manejo financiero, también le dedicó un capítulo a infraestructura y señalaba que no había catastro ni se habían utilizado los recursos (…) Este problema explota ahora porque se hace intolerable la falta de dignidad para los estudiantes. El propio informe de Contraloría señala que no ejecutaron el presupuesto de infraestructura en 2022. Tampoco lo habían ejecutado en 2023. Fue información de junio de este año, mucho antes que los profesores dijeran que el malestar era imposible y que las plagas eran inevitables», agregó.

La subsecretaria de Educación viajó a la región, pero «ella no se había juntado con el magisterio. Es raro cuando en medio de una crisis, se opta por no dialogar. Eso tiene que ver con que las soluciones que se proponen están muy alejadas de la realidad», pormenorizó la senadora.

Aunque las soluciones «autogestionadas», acotó, permiten volver a clases.

Los problemas son administrativos: personal sin contrato, desórdenes en rendición de cuentas, inexistencia de catastro en infraestructura, bajo cumplimiento en la gestión del servicio, etcétera, según el informe de Contraloría.

Los informes del ente controlador «señala lo mismo que en Atacama: debilidades generales de controles internos, que es lo mismo con que se encabeza la auditoría del ministerio, y es de Contraloría: señala que hay riesgos no controlados por el Servicio; que se han usado recursos, que eran para la prevención de covid, para pagar indemnizaciones; que hay transferencias que ha realizado la dirección de Educación Pública al Servicio Local, previo a la total tramitación de los actos administrativos; hay cheques emitidos que se han entregado previo a la resolución que dispone la transferencia de Servicio Local. Suma y sigue, y eso fue sobre un informe que tuvo el ministerio en diciembre del año pasado y a la fecha no ha pasado nada».

Hacia el final, hizo un cuadro de su bloque político: «Los problemas de desórdenes, de gestión, que si no se resuelven, al menos nosotros, desde la DC, tanto la bancada de diputados como de senadores, no estamos disponibles en seguir avanzando en una política que lleva en caída libre a la educación pública de nuestro país (…) Todos queremos que los niños y niñas vuelvan a clases. Aquí está en riesgo el derecho a la educación, pero también está en serio cuestionamiento la garantía del Estado para establecer y garantizar una educación de calidad que en el caso de Atacama, está muy lejos».

«La garantía del Estado es muy importante, es lo que no se ha cumplido y para nadie es grato tener que recurrir al sector privado para decir que nos ayuden con las condiciones mínimas que garanticen el derecho a la educación», cerró.