Director de Sernac por colusión de los pollos: “Esperaría que Wallmart y Cencosud tuvieran una disposición a la apertura de hacerse cargo”

SMU, controladora de Unimarc, Mayorista 10, Alvi, Súper 10, Mayorista y Maxi Ahorro, compensará a 187.578 personas que reciben la Pensión Básica Solidaria de Invalidez por haberse coludido con los supermercados manejados por Walmart y Cencosud en la venta de pollo fresco entre 2008 y 2011. El caso fue llamado “La Colusión de los Pollos” y al menos para SMU, significará desembolsar $2.607.337.944 (algo así como $13.600 para cada pensionado) más o menos en abril de 2024.

Fue un logro del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) junto a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), aprobado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Andrés Herrera, director del Servicio, habló del caso en ADN Hoy.

“Cuando se trata de investigaciones de actos de colusión como este, y lo pudimos ver tanto en productoras de pollos como en supermercados, existe una importante dificultad en cuanto a la acreditación de los hechos y no solo eso, sino que los alcances que han producido y el impacto en los consumidores. También lo hemos experimentado con ocasión de las demandas colectivas que Sernac dedujo en 2020 y 2021, en el sentido que Sernac también tiene que probar, mediante estudios económicos, cuál es el daño y el alcance que tuvo en los consumidores”, explicó de entrada el director.

Más concreto aún, Herrera aseguró que “hay dificultades técnicas en determinar el universo de afectados”, pues en el caso del consumo de pollo “no hay productos fácilmente sustituibles por esa carne. Por lo tanto, la gente tuvo que optar por otro tipo de decisiones de consumo y por tanto, alteró el presupuesto de las familias. Hay una serie de consecuencias por esto”.

Por lo pronto, hay dos demandas colectivas en curso en contra de Cencosud (Jumbo) y Walmart (Líder) que hoy en día se encuentra en etapa de pruebas. Pero el director del Servicio, a la luz de la compensación de SMU, hizo, quizás, un llamado: “Uno esperaría que estas empresas tuvieran una disposición a la apertura a hacerse cargo de la responsabilidad de compensar”.

¿Cómo se determinó la compensación? Herrera detalló que son procesos “muy regulados” que, “dada la complejidad de los fenómenos colusorios y anticompetitivos”, instan a pensar en un robustecimiento del Sernac que generen “estudios y aportar antecedentes, no solo basados exclusivamente en el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el TDLC. Hay una dimensión investigativa y luego, una de compensación, que es complejo. Significa que tenemos que invertir importantes recursos para un tema muy complejo”.

“Fue determinado en conjunto con la empresa. Pero nosotros, como Sernac, tratándose de casos como este, en que la determinación del universo de afectados y la forma en que cada uno de esos fue perjudicado, tenemos un conjunto de criterios, a través de una circular interpretativa de Sernac, que privilegia el principio de afectación a grupos más vulnerables, hipervulnerables, el principio de proporcionalidad y otros. Nosotros focalizamos y hacemos la propuesta para que este tipo de compensaciones vaya dirigido a un universo de beneficiarios de Pensión Solidaria de Invalidez, que no perciben otros beneficios del Estado y por tanto, representan a un grupo hipervulnerable que probablemente también fue de los más afectados. Hay un conjunto de criterios definidos ex-ante”, añadió.

Con todo, Herrera espera que este caso de SMU sirva como precedente: “En el caso del estándar que se fija con el acuerdo de SMU, creo que es una referencia, porque este acuerdo tiene como referencia la multa que puso el TDLC, que fue determinada teniendo en cuenta cuál era el alcance de los perjuicios que se había producido a los consumidores por esta actitud colusoria por los supermercados”.

Autopista Vespucio Oriente

La concesionaria de la Autopista Vespucio Oriente ha estado en una situación de dimes y diretes con Sernac por la filtración de agua. Una situación calificada por Herrera como “relativamente sencilla, toda vez que hablamos de automovilistas que transitaron durante el periodo que ocurrieron filtraciones y pudiera ser susceptible de determinación a través de placas patentes. Sin embargo, hubo personas que no pasaron por ahí al periodo de la filtración que también pudieran verse afectados. Es un universo más difuso que tiene que ver con consumidores que indirectamente fueron afectados”.

Hay un convencimiento por parte del Servicio: que “la relación entre el concesionario de la obra púbica con los consumidores finales es una relación regida por la Ley del Consumidor (…) Hay una competencia, no solo del Sernac, sino que aplicación de Ley del Consumidor en estos casos. De otra manera, sería una situación que quedaría al margen de los efectos propios de una negligente prestación de servicio”.

De no aplicarse, “quedarían en una situación de privilegio las concesionarias que no debería ser admisible”, y que se constata cuando se usa la autopista, suena el TAG y llega la boleta a fin de mes: “Bueno, se está cobrando un servicio que debería ser prestado conforme a los estándares ofrecidos”.