Vallejo descarta “amarre” del Gobierno y defiende norma laboral: “Esto tiene que ver con garantías”

La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de las acusaciones de la oposición que califican como un supuesto “amarre” la norma incluida en el proyecto de reajuste al sector público que restringe la no renovación de funcionarios a contrata.

En entrevista con Radio Infinita, la vocera fue enfática en descartar cualquier maniobra política del Ejecutivo de cara al cambio de mando y aseguró que la disposición apunta exclusivamente a evitar despidos arbitrarios.

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“Nada más lejos de un amarre. Esto tiene que ver con garantías laborales para los funcionarios públicos (...) evitar la discrecionalidad abusiva”, sostuvo Vallejo, aclarando que la norma no afecta a asesores ni cargos de confianza, quienes, recordó, presentan sus renuncias con los cambios de gobierno.

“No es que los funcionarios públicos no se puedan despedir, sino que se dan ciertas condiciones y garantías para evitar un justo despido arbitrario”, enfatizó.

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El artículo cuestionado establece que la desvinculación o no renovación de contratas deberá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos concretos y argumentos jurídicos específicos, y no solo invocando genéricamente las “necesidades del servicio”.

Para la ministra, se trata de un recordatorio del marco legal vigente. “Bajo al Estado de derecho hay que fijar reglas para este tipo de cosas (...) entonces, es como un recordatorio que te tienes que ajustar, obviamente, a un acto administrativo fundado para el momento de generar las desvinculaciones. ”, afirmó.

Vallejo recalcó que la norma no introduce una innovación radical, sino que refuerza criterios que ya existen y que son fiscalizados por la Contraloría General de la República.

Frente a los cuestionamientos desde la derecha, que acusan un intento de proteger a funcionarios afines al actual gobierno antes de la llegada de la próxima administración, la vocera insistió en que el objetivo es dar mayor certeza jurídica y laboral. “No es un amarre, es evitar arbitrariedades que debiliten los derechos de los trabajadores y trabajadoras del sector público”, subrayó.