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CDE interpone querella criminal contra funcionarios de Gendarmería por delitos de corrupción

Los funcionarios son acusados por los delitos de cohecho y soborno, sin perjuicio de otros ilícitos, tales como asociación criminal, lavado y falsificación documental.

Carcel Santiago 1

Carcel Santiago 1 / Hans Scott

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal contra 42 funcionarios de Gendarmería de Chile, y contra un número importante de particulares, por los delitos de cohecho y soborno, sin perjuicio de otros ilícitos, tales como asociación criminal, lavado y falsificación documental, que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, en el marco del caso conocido como “Operación Apocalipsis”.

La querella, interpuesta ante el 12°Juzgado de Garantía, también va dirigida nominativamente contra 35 particulares por los delitos de soborno, resultando en total 77 imputados.

Todos habrían incurrido en una serie de ilícitos vinculados a hechos de corrupción y criminalidad organizada que operaba al interior de recintos penitenciarios de la Región Metropolitana, particularmente, en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la comuna de San Joaquín, y en el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Uno, de la comuna de Santiago.

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De acuerdo con los hechos señalados en la querella, “en dichos establecimientos penitenciarios se consolidó, desde el año 2020 a la fecha, un patrón de intervención directa de funcionarios públicos de Gendarmería de Chile —en diversas calidades y destinaciones— quienes, en razón de sus cargos, habrían solicitado, aceptado y, o recibido prestaciones económicas (en dinero efectivo y transferencias bancarias) y beneficios de diversa naturaleza” para permitir el ingreso de personas no autorizadas en calidad de visita.

Asimismo, permitieron “la introducción y circulación de especies ilícitas en el interior de los recintos penitenciarios, tales como celulares y drogas, entre otras, ingresándolas directamente u omitiendo los controles reglamentarios”.

Lo anterior, se habría efectuado “mediante actuaciones coordinadas entre particulares -tanto internos privados de libertad como personas en libertad- y los funcionarios públicos de Gendarmería”.

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