Ante críticas de republicanos por “amarres”: gobierno diferencia funcionarios de carrera y de confianza
El ministro de Economía justificó la medida pactada con la mesa del sector público, señalando que busca proteger a quienes vienen de distintas administraciones y no a los operadores políticos.
Agencia UNO / Sebastian Beltran Gaete
El Gobierno del Presidente Gabriel Boric salió a defender con fuerza las disposiciones incluidas en el proyecto de reajuste al sector público, respondiendo directamente a las acusaciones de la oposición sobre un supuesto intento de “amarrar” a funcionarios antes del cambio de mando. Los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Nicolás Grau (Economía) fueron los encargados de aclarar los alcances de la normativa, estableciendo una nítida distinción entre los cargos políticos y los técnicos.
La controversia se encendió luego de que el Partido Republicano y el Presidente electo, José Antonio Kast, calificaran como “impresentable” una norma acordada con la mesa del sector público que restringe los despidos injustificados, acusando que se trataría de un mecanismo para blindar a operadores políticos de la actual administración.
“No hay norma de amarre”
El ministro Elizalde fue categórico al desestimar estas críticas. En un punto de prensa en La Moneda, aseguró que “en lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza... son personas que han participado del gobierno producto de su compromiso con el proyecto del Presidente Boric y, por tanto, van a cesar en sus cargos todos con motivo del cambio de mando el 11 de marzo”.
La autoridad enfatizó que el próximo Mandatario tendrá “obviamente el espacio para designar a los funcionarios de confianza conforme lo establece la ley”, despejando las dudas sobre la libertad del futuro gobierno para conformar sus equipos estratégicos.
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Protección a la carrera funcionaria
Por su parte, el ministro Nicolás Grau explicó que la medida cuestionada apunta a los funcionarios de carrera, quienes en su gran mayoría “vienen desde distintas administraciones” y no necesariamente comparten la visión política del gobierno de turno.
Según detalló Grau, la disposición establece que, en la eventualidad de que estos trabajadores sean desvinculados, “tiene que ser un acto fundado y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría”. El secretario de Estado recalcó que esto “es todo lo que va a ir en la ley de reajuste”, cumpliendo con un acuerdo sellado con los gremios para evitar la arbitrariedad en el Estado.
El Ejecutivo insistió en que el detalle de la medida será analizado democráticamente en el Congreso Nacional, donde los parlamentarios deberán votar si aprueban o rechazan esta protección laboral que busca alinearse con la jurisprudencia administrativa de la “confianza legítima”.
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