PDI allana oficinas de Concesiones del MOP en Santiago por investigación de presunta corrupción y pagos indebidos
La Brigada Anticorrupción ingresó este jueves a las dependencias de la DGC para incautar antecedentes tras una orden de la Fiscalía de Alta Complejidad.
PDI allana oficinas de Concesiones del MOP en Santiago por investigación de presunta corrupción y pagos indebidos / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO
Un duro golpe a la probidad administrativa sacudió este jueves al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) allanaron las oficinas de la Dirección General de Concesiones (DGC) en Santiago, en el marco de una investigación penal por presuntos delitos de corrupción que involucrarían directamente a funcionarios de este organismo estatal.
El operativo fue encabezado por la Brigada Anticorrupción de la PDI, bajo las órdenes de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Los efectivos policiales ingresaron a las dependencias con el objetivo de recabar evidencia documental y digital que permita acreditar la existencia de ilícitos al interior de la cartera.
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El “mecanismo”: Pagos por agilidad
El caso se originó a partir de una denuncia que describe un esquema de “pagos indebidos”. Según los antecedentes que maneja el Ministerio Público, funcionarios de la DGC habrían recibido dinero con el fin específico de “agilizar el pago de contratos” gestionados por la dirección. La gravedad de la acusación escala al involucrar a altos mandos: entre las personas mencionadas en la indagatoria figura un exjefe de gabinete de la repartición.
Además, la investigación ha puesto el foco en irregularidades vinculadas a pagos realizados a consultorías que prestaban apoyo en labores de inspección fiscal, una arista clave que la Fiscalía busca esclarecer.
MOP: “Nosotros denunciamos”
Frente a la diligencia policial, la propia Dirección General de Concesiones salió al paso para aclarar que no fueron tomados por sorpresa. La entidad confirmó que fue la misma DGC la que presentó la denuncia original ante la Fiscalía y que, de hecho, el pasado 16 de diciembre aportaron “nueva información” para ampliar los antecedentes sobre las irregularidades detectadas.
En paralelo a la acción judicial, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, reaccionó instruyendo la apertura inmediata de un sumario administrativo. Esta medida busca determinar las responsabilidades internas y asegurar el cumplimiento de las normas de probidad y transparencia que rigen a la administración del Estado.
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