Qué son las “12 balas de plata” que tiene Kast para armar su gobierno sin esperar concursos de alta dirección pública
Haciendo uso de la facultad presidencial que permite nombrar a 12 jefes de servicio de primer nivel, la administración republicana busca evitar vacancias y asegurar el alineamiento político en áreas sensibles como Fonasa y Sernac.
Agencia Uno
Las denominadas “12 balas de plata” corresponden a una facultad presidencial especial establecida en la ley que creó el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP). Esta prerrogativa permite al Jefe de Estado nombrar directamente, y sin concurso previo, a 12 jefes de servicio de Primer Nivel Jerárquico durante los primeros tres meses de su mandato.
El objetivo de esta herramienta es permitir que el nuevo gobierno instale rápidamente a personas de su exclusiva confianza en cargos críticos para la gestión del Estado, asegurando la alineación política inmediata sin esperar los 3 a 6 meses que suele demorar un concurso regular del Servicio Civil.
Aunque estos nombramientos son designados “a dedo” por el Presidente, la ley exige un estándar mínimo de competencia: los elegidos deben cumplir rigurosamente con los requisitos legales y el perfil profesional que el cargo exige estatutariamente. No se trata de un “cheque en blanco” para nombrar a cualquier persona, sino de una vía rápida para instalar liderazgo técnico-político.
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Una vez nombrados, estos directivos tienen la misma estabilidad y responsabilidades que si hubieran ganado el concurso, aunque su permanencia depende de la confianza presidencial.
En el diseño estratégico del gobierno de José Antonio Kast, estas designaciones son fundamentales para implementar su “Plan de Choque” económico y de seguridad. Según los análisis de su equipo, la prioridad número uno está en el equipo económico, por lo que se evalúa utilizar estas “balas” en el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Tesorería General de la República (TGR) y el Servicio Nacional de Aduanas.
El control de estas tres entidades es vital para asegurar la recaudación fiscal y, en el caso de Aduanas, para endurecer la fiscalización fronteriza, un eje central de su promesa de campaña.
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