Diputado Miguel Calisto (Demócratas) es querellado por el Consejo de Defensa del Estado por presunto fraude al Fisco
Según el CDE, una asesora recibió millonarios pagos sin prestar servicios reales, con el conocimiento del diputado.
Miguel Ángel Calisto, 1024x576 jpg ok
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el diputado Miguel Calisto Águila (Partido Demócratas) y otras tres personas, por el delito de fraude al Fisco, sin perjuicio de otros ilícitos que puedan determinarse en el marco de la investigación liderada por el Ministerio Público. La acción fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique.
Además del parlamentario por Aysén, la querella apunta a Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, a quienes se acusa de ejecutar una serie de maniobras destinadas a desviar fondos públicos provenientes de las asignaciones parlamentarias, utilizándolos para fines distintos a los estipulados en la Ley de Presupuestos.
Revisa también:
Según los antecedentes de la causa, la imputada Carla Graf habría sido contratada para apoyar la labor del diputado Calisto mediante asesorías, coordinación y elaboración de estudios. Sin embargo, no existen documentos que respalden la entrega de esos servicios ni justificación para el progresivo aumento en el pago de honorarios.
El CDE sostiene que “la querellada Carla Graf Toledo no prestó los servicios para los que fue contratada”, hecho que habría sido conocido y aceptado por el propio Calisto. En ese contexto, se le acusa de haber promovido contratos por trabajos inexistentes, permitiendo el pago de más de $100 millones en honorarios por tareas que no se realizaron.
Transferencias en época de campañas
La querella también menciona que, durante ese período, se detectaron transferencias de dinero entre los imputados y el diputado, coincidiendo con épocas de campañas políticas en la región. Esos fondos, originalmente destinados al trabajo parlamentario, habrían sido utilizados para financiar actividades electorales y gastos particulares, configurando una conducta dolosa.
La acción legal del CDE se suma a otras investigaciones sobre uso irregular de recursos públicos por parte de parlamentarios, y busca que se determinen responsabilidades penales en este caso.
