“Ley Mordaza 2.0″: senador Araya explica proyecto que sanciona con cárcel las filtraciones de causas reservadas

Debido a las filtraciones de causas declaradas reservadas por la Justicia, un grupo transversal de senadores presentó un proyecto que sanciona con cárcel la divulgación de estos antecedentes.

La iniciativa, impulsada por los parlamentarios Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, ha sido catalogada por algunos como “Ley Mordaza 2.0″, apuntando que gracias a estas filtraciones se han conocido los más importantes casos de corrupción en el país.

Uno de los senadores detrás de este proyecto, el PPD Pedro Araya, conversó con ADN Hoy sobre este tema. “Hemos presentado este proyecto que lo que busca es regular la adecuada investigación penal, resguardando la información que es secreta, así como también poder establecer cuál es el límite de la vida privada en una investigación penal y aquellos antecedentes que efectivamente deben ser conocidos”, señaló.

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“Creo que no hay dos opiniones respecto a que las filtraciones constituyen un problema para la calidad de las investigaciones penales”, agregó.

Asimismo, el senador sostuvo que esta iniciativa “lo que hace es meramente una precisión de texto”.

“Esa es una norma que está vigente y que se aprobó recientemente a raíz de la discusión del proyecto de ley que regula nuevas técnicas de investigación respecto al crimen organizado. Y no vimos alzar la voz respecto a esa situación", cuestionó.

Además, Araya descartó que esta sea una “Ley Mordaza”, apuntando que la norma “busca recoger un problema que ha manifestado el Ministerio Público”.

“De hecho, la primera propuesta que se hace es limitar quiénes pueden ser los querellantes. Y se establece expresamente que van a ser querellantes la víctima o su representante legal", explicó.

“En el caso del artículo 111 del Código Procesal Penal, que se refiere a delitos terroristas, a delitos contra la prohibida pública, o delitos cometidos por funcionarios públicos que afecten garantías de la Constitución, solamente van a poder ser querellantes aquellas personas que vivan en la provincia, pero que además tengan que acreditar un interés directo en ese delito“, prosiguió.

“Porque hoy día tenemos una verdadera industria de personas que llegan y se querellan solamente para tener acceso a las carpetas investigativas“, complementó.

En esa línea, el parlamentario PPD expresó que “aquí lo que hay en juego es una serie de derechos que están en colisión, la libertad de prensa, el derecho a la información, pero también está el buen funcionamiento del sistema de persecución penal, el derecho a la honra, el derecho a la defensa".

“Lo otro novedoso que tiene el proyecto es que se hace cargo de un problema que son las nuevas tecnologías. Esto ya que cuando se dictó el código, no reguló los nuevos sistemas de comunicación, como son WhatsApp, Telegram, o el mismo teléfono, en el que uno puede tener toda su vida, su ficha médica, o datos de la familia", adicionó.

Finalmente, y respecto a las acciones judiciales en las que se podrían ver envueltos periodistas que difundan información declarada como secreta, el senado expresó que “si el Ministerio Público estima que un periodista infringió la norma, son ellos los que tienen que llevar la investigación y proponer sanciones”.

“Así, será el Tribunal de Garantía el que resuelva si efectivamente ese periodista cometió o no un ilícito o si está amparado por la ley de prensa”, cerró.