Senado aprueba multas por no votar y proyecto pasa a la Cámara de Diputados: Gobierno anuncia reserva constitucional
El Ejecutivo alerta por costos fiscales y pide revisar criterios para permitir sufragio de extranjeros ante el nuevo escenario migratorio. La Cámara de Diputados deberá revisar la iniciativa.
En una sesión marcada por el debate y las tensiones políticas, el Senado aprobó este martes, en primer trámite constitucional, una reforma que establece multas para quienes no voten en elecciones y plebiscitos.
La medida, respaldada por 30 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, propone sanciones de entre 0,5 y 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, entre $34.000 y $340.000, duplicándose en caso de reincidencia.
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La iniciativa, que ahora deberá ser revisada por la Cámara de Diputados, busca reforzar el carácter obligatorio del sufragio en Chile. Sin embargo, el Gobierno puso en duda su tramitación legal.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció una reserva de constitucionalidad, argumentando que el proyecto “debería haber pasado por la Comisión de Hacienda”, ya que al aumentar la participación, también incrementa el gasto fiscal relacionado con la devolución de recursos a los partidos políticos.
Debate por voto de migrantes
Además, el debate legislativo derivó en un tema aún más sensible: la participación electoral de los migrantes. Actualmente, los extranjeros con al menos cinco años de residencia —ya sea temporal o definitiva— pueden votar en Chile.
Pero el Ejecutivo busca restringir ese derecho, exigiendo cinco años de residencia definitiva y entrada legal al país como requisito.
Elizalde justificó esta postura señalando que “el jefe de Estado debe ser elegido por los chilenos” y llamó a revisar el padrón electoral a la luz de los cambios demográficos recientes. “Demos este debate al margen de los cálculos electorales”, afirmó, insistiendo en que la discusión debe centrarse en lo que “es mejor para nuestra democracia”.
Se espera que la reforma genere un intenso debate en la Cámara, donde el Ejecutivo buscará introducir cambios para ajustarla tanto en lo legal como en lo político.
