Contraloría revela millonarias irregularidades en extinta Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente de Santiago
El informe detectó pagos sin respaldo, servicios no documentados y contrataciones opacas durante la gestión de la extinta AMZO. El monto en cuestión asciende a los $1.858.851.577 pesos.
27 de Mayo del 2021/ SANTIAGO Fachada Contraloria General de la República FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO
Un reciente informe de la Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en la extinta Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), integrada por Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. El organismo identificó, entre otros problemas, la cancelación injustificada de un costoso proyecto vial y contrataciones sin respaldo documental.
Según consiga Ex-Ante, el documento —el informe final N°258— advierte que la asociación, disuelta en febrero de 2024, gastó más de $1.348 millones en un proyecto de autovía soterrada en avenida Las Condes que nunca se concretó.
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Según Contraloría, la decisión de frenar la iniciativa “no se ajusta a lo establecido en los estatutos” y “transgrede el principio de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos”.
Asesorías cuestionables
La AMZO estaba encabezada por figuras del oficialismo en municipios históricamente controlados por Chile Vamos: la ex alcaldesa de Las Condes Daniela Peñaloza (UDI), la alcaldesa de Vitacura Camila Merino (Evópoli) y el exalcalde de Lo Barnechea Cristóbal Lira (UDI).
El informe también cuestiona una asesoría comunicacional de $69 millones contratada durante la gestión de Joaquín Lavín (UDI), que incluía análisis sobre redes sociales con títulos como “Twitter en política – Equipo Joaquín Lavín Chile”. Aunque el exalcalde defendió que no se trataba de asesoría partidista, Contraloría concluyó que los contenidos tenían un claro enfoque político.
Además, se detectaron pagos por $271 millones en servicios sin documentos de respaldo y contratos a honorarios por $170 millones sin informes de gestión. Contraloría remitió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a la Fiscalía Nacional para evaluar posibles acciones legales.
