Cámara aprueba informe sobre Fundación ProCultura: revela fallas estructurales en el sistema de transferencias públicas
Finalmente, el documento propone una serie de reformas legales para cerrar brechas en la fiscalización de fondos públicos
Cámara aprueba informe de comisión investigadora por ProCultura
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Con 81 votos a favor y tres abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes el informe elaborado por la comisión especial investigadora que examinó los convenios suscritos entre entidades públicas y la Fundación ProCultura desde 2019. El documento surge en el contexto de una indagatoria del Ministerio Público que detectó al menos 18 convenios por más de $5.800 millones en ocho regiones del país, en los que se investigan posibles delitos como fraude al fisco, lavado de activos, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa.
Uno de los casos más cuestionados es el convenio firmado en 2022 entre el Gobierno Regional Metropolitano, liderado por Claudio Orrego, y la Fundación ProCultura para ejecutar un programa de prevención del suicidio. La transferencia de $1.683 millones a la ONG dirigida por el psiquiatra Alberto Larraín dejó más de $1.000 millones sin ser rendidos ni devueltos.
El informe aprobado señala que el caso ProCultura reveló fallas estructurales en el sistema de transferencias públicas y una alarmante vulnerabilidad del patrimonio fiscal frente a la mala administración de recursos. Entre las irregularidades detectadas se incluyen sobreprecios, gastos no justificados, asignaciones directas sin licitación, vínculos no declarados entre funcionarios y la fundación, y la existencia de una red de empresas relacionadas directa o indirectamente con integrantes de ProCultura.
Las responsabilidades apuntan a varios niveles. El documento destaca al gobernador Claudio Orrego por impulsar el convenio “Quédate” con ProCultura sin respaldo técnico adecuado, a pesar de sus conocidos vínculos previos con Larraín. También se atribuyen responsabilidades a los gobernadores Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble), quienes habrían actuado con negligencia en la supervisión del uso de fondos públicos. En ambos casos, se identificaron diálogos informales con la fundación, omisiones en la fiscalización y vínculos políticos que debieron ser declarados.
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El informe también incluye al exsubsecretario de Desarrollo Regional y exjefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, por su rol en la validación institucional de ProCultura como entidad subejecutora. Según el texto, la SUBDERE, bajo su dirección, asignó altos puntajes técnicos a la fundación sin realizar una evaluación objetiva de su experiencia ni de su idoneidad administrativa. La cercanía de Crispi con el círculo político del gobierno habría agravado la percepción de falta de imparcialidad.
Finalmente, el documento propone una serie de reformas legales para cerrar brechas en la fiscalización de fondos públicos. Entre ellas: restringir asignaciones directas, crear un registro obligatorio de entidades receptoras de recursos fiscales, reforzar el rol preventivo de la Contraloría, exigir auditorías periódicas, implementar trazabilidad de los fondos, y sancionar a los funcionarios que omitan declarar conflictos de interés. La comisión considera urgente avanzar en estos cambios para evitar que casos como el de ProCultura vuelvan a repetirse.
