Este viernes, Rodrigo Espinoza, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales, explicó en ADN Hoy por qué la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) no logró identificar a tiempo los más de 25 mil casos de funcionarios públicos que habrían usado de forma irregular sus licencias médicas.

El académico aseguró que el problema de fondo es la falta de integración de bases de datos entre instituciones públicas, lo que impide detectar a tiempo estos casos. “Hay un desafío pendiente en el país que tiene que ver con la integración de datos. El mérito, en este caso, de la contralora Dorothy Pérez fue haber tomado la iniciativa de cruzar dos bases de información. Esa iniciativa no se había hecho antes, y gracias a ese cruce se pudieron detectar los casos”.

“Si no se realizan estos cruces, es muy difícil detectar casos específicos de trabajadores públicos haciendo mal uso de sus licencias (…) Muchas veces no se concreta el cruce de información, y por eso esto pudo haberse detectado mucho antes”.

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¿Por qué no detectó a tiempo el Caso Licencias Médicas el COMPIN?

Uno de los principales factores, según el académico, está en el marco legal que regula al empleo público en Chile. A diferencia del sector privado, donde rige el Código del Trabajo, los funcionarios públicos se rigen por el Estatuto Administrativo, una normativa especial vigente desde 1989 que entrega estabilidad a los trabajadores del Estado.

“Es un estatuto muy continuista con la tradición jurídica del derecho administrativo, y podríamos denominarlo, hasta hoy, como garantista. ¿Qué quiere decir esto? Que busca la estabilidad del trabajador público”, señaló.

En ese contexto, Espinoza explicó que este sistema se diseñó para evitar despidos por razones políticas, lo que limita las facultades para fiscalizar y desvincular a funcionarios, incluso ante eventuales irregularidades.

En el caso de COMPIN, detalló que su función es autorizar o rechazar licencias según criterios médicos, pero no cuenta con acceso directo a datos sobre viajes u otros antecedentes externos que puedan evidenciar un uso indebido. “Autoriza la licencia, dependiendo de su naturaleza, pero no tenía acceso a información sobre los viajes que realizaron ciertos funcionarios de forma irregular”.