Contraloría detecta millonarias irregularidades en la Universidad del Bío-Bío y ordena sumario
Informe detectó uso indebido de fondos, contrataciones con conflictos de interés y compras fuera de la normativa. Se ordenó sumario y se enviarán antecedentes a la fiscalía.
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Un informe de la Contraloría Regional del Biobío reveló graves irregularidades financieras y administrativas en la Universidad del Bío-Bío (UBB) entre los años 2020 y 2023. El organismo fiscalizador instruyó a la casa de estudios a realizar un sumario interno y solicitó la intervención de la Superintendencia de Educación para que fiscalice la institución.
Entre los principales hallazgos se encuentra una deuda por $6.883 millones correspondientes a anticipos del Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), los cuales fueron depositados en una cuenta destinada a sueldos, incumpliendo los fines específicos de esos fondos. Además, se constató que en 2023 no se transfirieron $191 millones recaudados de exalumnos al mismo fondo, lo que constituye una omisión grave en el manejo de recursos públicos.
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El informe N° 714/24 también advirtió que la UBB realizó tres transferencias de $3.000 millones cada una desde cuentas de proyectos de fortalecimiento universitario hacia cuentas de sueldos, contraviniendo convenios ya fiscalizados en años anteriores, sin que se adoptaran medidas correctivas.
Otro punto crítico fue la realización de compras por $33 millones fuera del portal oficial Mercado Público, sin justificación documental, lo que infringe la Ley de Compras Públicas.
La auditoría identificó además posibles conflictos de interés en contrataciones, al establecer que se contrataron empresas cuyos socios tienen lazos de parentesco con directivos universitarios. Incluso se detectó un caso en que un directivo figura como socio de una empresa contratada. También se comprobó que al menos nueve contrataciones a honorarios correspondían a personas con vínculos familiares con altos funcionarios de la institución.
En respuesta, la UBB informó la posibilidad de iniciar un sumario, medida que fue exigida formalmente por la Contraloría, estableciendo un plazo de 15 días hábiles para remitir el acto administrativo que lo disponga. Además, el informe será enviado al Ministerio Público para eventuales responsabilidades penales.
