¿Adiós al tope de indemnización? Nuevo proyecto de ley busca pagar por todos los años trabajados
Conoce los detalles de la propuesta.

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En un paso que busca reforzar la protección de los derechos laborales en Chile, se ha presentado un proyecto de ley que elimina el límite máximo de años indemnizables por término del contrato de trabajo, medida vigente desde 1981.
La iniciativa pretende modificar el artículo 163 del Código del Trabajo, restableciendo la proporcionalidad plena en la indemnización por años de servicio.
La normativa actual establece un tope de 330 días de remuneración (equivalente a once años de servicio) como máximo indemnizable, sin importar el tiempo efectivo trabajado por el empleado.
Este límite fue impuesto durante la dictadura bajo la Ley N.º 18.018, como parte de una serie de reformas que introdujeron una mayor flexibilidad al mercado laboral, reduciendo la estabilidad del empleo y trasladando los costos del despido mayoritariamente al trabajador.
Desde el ámbito jurídico, distintos especialistas han argumentado que esta restricción va en contra del sentido original de la indemnización por años de servicio, cuya función es compensar la pérdida del empleo en una relación laboral marcada por la subordinación y la dependencia.
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“La indemnización por años de servicio no retribuye el trabajo realizado, sino que tiene un carácter compensatorio por los años de vínculo laboral sostenido bajo condiciones de subordinación y dependencia”, explica la académica Irene Rojas Miño.
En la misma línea, los expertos Luis Lizama y Diego Lizama advierten que limitar la indemnización también debilita su rol preventivo.
“Esta indemnización constituye una forma de ‘estabilidad relativa impropia’, en tanto impone al empleador un costo económico ante el despido, funcionando como un mecanismo disuasivo frente a terminaciones unilaterales e injustificadas del contrato de trabajo”, apuntan.
José Luis Ugarte Cataldo, por su parte, sostiene que este tipo de indemnización cumple tres funciones clave: compensatoria, redistributiva y estabilizadora.
La existencia de un tope legal restringe, según el jurista, el cumplimiento integral de estas funciones, especialmente para quienes tienen una larga trayectoria laboral.
Posición del TC
La jurisprudencia también ha respaldado esta visión. El Tribunal Constitucional ha reiterado el carácter protector de las indemnizaciones laborales.
En su sentencia Rol N.º 7217, indicó que estas “buscan impedir los despidos injustificados y, por otra parte, resarcir al trabajador despedido por los perjuicios que le arroje el terminar su empleo”.
La historia normativa del país respalda la eliminación del tope. El Código del Trabajo de 1931 no establecía ningún límite al número de años indemnizables, criterio que se mantuvo hasta el cambio de paradigma económico durante la década de los 80.
A nivel internacional, el Convenio N.º 158 y la Recomendación N.º 166 de la OIT también abogan por compensaciones proporcionales al tiempo trabajado. En tanto, el Protocolo de San Salvador, que sí fue ratificado en 2022, exige garantizar condiciones laborales justas y una compensación adecuada ante despidos injustificados.
Datos recientes entregados por la Encuesta Laboral ENCLA 2023 muestran que un 76,6% de los trabajadores chilenos tiene contrato indefinido, lo que los hace sujetos a esta indemnización.
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Sin embargo, la existencia del tope afecta especialmente a quienes tienen mayor antigüedad y enfrentan más barreras para reinsertarse en el mercado laboral.
El proyecto de ley propone una modificación directa al artículo 163 del Código del Trabajo, eliminando la frase que impone el límite de 330 días.
Así, la indemnización pasará a calcularse por cada año efectivamente trabajado, y fracción superior a seis meses, sin techo legal.
Con esta reforma, se busca restablecer el principio de reparación plena, asegurando una compensación justa que refleje de manera proporcional la trayectoria laboral del trabajador.
La propuesta no solo apunta a corregir una asimetría estructural en las relaciones laborales, sino también a fortalecer el rol del Estado en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores.