Durante este lunes, creció la preocupación entre las 115 familias que habitan el campamento Comité Unión sin Fronteras, en Placilla de Peñuelas, Valparaíso, debido a una orden judicial que establece su desalojo para el próximo mes de agosto.

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Los terrenos —correspondientes a las parcelas 161, 162 y 163— son de propiedad privada. Desde 2022, el espacio es ocupado por familias que aseguran haber mejorado la zona, antes afectada por microbasurales.

Sin embargo, tras una demanda interpuesta por el dueño del predio, la justicia determinó que el terreno debe ser devuelto.

Carlos Videla, dirigente del comité, explicó que la comunidad está dispuesta a comprar el terreno, pero que no han tenido éxito en entablar un diálogo con el propietario. “Hemos tratado por toda la instancia de poder llegar al dueño, pero no hemos podido, hemos tenido la negativa de parte de los dueños, porque nosotros no queremos que nos regalen el asunto donde estamos, nosotros queremos comprar ese espacio”, aseguró.

“Tuvimos unas reuniones con la delegación presidencial, con la municipalidad, con la alcaldesa. Y lo que pasa es que ellos dicen que es un dictamen de la corte, que no pueden hacer nada. Pero tampoco ha llegado mucha ayuda, no han llegado con nada a ofrecernos aquí al campamento”, agregó.

“No hay facultades”

Desde la Delegación Presidencial de Valparaíso, el delegado Yanino Riquelme confirmó que se está preparando una mesa intersectorial para abordar el proceso de desalojo y “garantizar que este proceso se realice garantizando los derechos de quienes habitan ese espacio y buscando las alternativas para quienes puedan acceder a ellas”.

Además, indicó que la próxima semana se llevará a cabo una nueva reunión con los vecinos del campamento. “Queremos continuar con este trabajo en conjunto, como ha sido la tónica en todo nuestro gobierno”, dijo Riquelme.

Por su parte, el municipio de Valparaíso indicó estar al tanto de la situación y reconoció que no tiene facultades para detener el cumplimiento de la orden judicial. No obstante, solicitaron coordinar acciones con la delegación presidencial como parte de la mesa interinstitucional que aborda el caso.