Durante este martes, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, entregó un balance actualizado sobre los sumarios e investigaciones administrativas que se están desarrollando a raíz del uso de licencias médicas por parte de más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con ese tipo de permiso.

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En concreto, Marcel informó que “el informe de la Contraloría constata alrededor de 36 mil casos de licencias, que corresponde a 25 mil funcionarios. Puede haber un funcionario que tenga más de un caso de estos registrados, por eso la diferencia de número”.

En esa línea, el secretario de Estado precisó que “de estos 36 mil hay una fracción que corresponde a un tercio que son de la administración central; el 60% restante corresponde a las municipalidades, y la fracción que queda son universidades y empresas públicas”.

Respecto de la administración central, el ministro detalló que ya se han iniciado 6.592 sumarios. “Estamos hablando de 12.503 casos en la administración central, que pueden dar lugar a más de una licencia por funcionario. Eso, en términos de número de funcionarios, equivale a 8.000 personas”, explicó.

“Situaciones especiales”

Además, sostuvo que “hay situaciones especiales, hay personas que ya no trabajan en esas instituciones o que tienen licencias médicas por esa misma situación”.

“Dado que hay 7.790 reportados por la Contraloría, esta diferencia se explica por dos factores: primero, porque hay 1.102 funcionarios que ya no están en el servicio y porque hay 272 que ya estaban siendo sumariados por esta causal o por alguna otra”, señaló.

En cuanto al perfil de los trabajadores involucrados, el ministro afirmó que “1 de cada 10 funcionarios ingresaron al Estado a partir de 2022, mientras que 9 habían iniciado sus funciones en los años anteriores”.

Asimismo, informó que ya son 1.102 los funcionarios que presentaron su renuncia, ya sea antes o después de conocerse el informe de la CGR. “Hay sanciones que son económicas, por ejemplo, la devolución de los montos recibidos por concepto de licencia en el período de uso de la misma”, agregó Marcel.

Finalmente, detalló que las eventuales sanciones no solo son administrativas. “A eso se agregan sanciones de carácter administrativo, incluyendo la destitución del cargo, y sanciones de carácter penal que corresponden a situaciones de fraude al fisco”. Las investigaciones penales serán lideradas por la Fiscalía Oriente, a cargo de la fiscal Lorena Parra.