Diputados despachan proyecto que cambia la forma de nombrar archiveros y notarios: ahora lo verá el Senado
Entre sus principales cambios se encuentra la incorporación del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en los procesos de selección, con bases concursales estandarizadas y perfiles definidos por el Ministerio de Justicia.
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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes la esperada reforma al sistema registral y notarial, que establece un nuevo procedimiento para el nombramiento de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros. El proyecto, que llevaba más de siete años en trámite legislativo, fue despachado al Senado para cumplir su último paso en el Congreso antes de pasar al Tribunal Constitucional y a promulgación.
La iniciativa (boletín 12092) apunta a mejorar la transparencia, reducir la discrecionalidad en las designaciones y modernizar un sistema fuertemente criticado por su opacidad y falta de competencia. Entre sus principales cambios se encuentra la incorporación del sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en los procesos de selección, con bases concursales estandarizadas y perfiles definidos por el Ministerio de Justicia.
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El nuevo mecanismo establecerá que solo podrán postular personas naturales y que la selección deberá basarse estrictamente en antecedentes curriculares, sin preferencias del Servicio Civil. La terna final será enviada al Presidente o Presidenta de la República, quien deberá elegir con base en mérito académico y experiencia. En caso de empate, desistencia u otras situaciones excepcionales, se establecen fórmulas específicas para resolver.
Además de redefinir el proceso de selección, la norma aborda la organización y funcionamiento de las notarías, conservadores y archiveros. Incluye estándares en infraestructura, publicidad de sus funciones, tarifas, responsabilidades disciplinarias y la posibilidad de crear nuevas oficinas cuando las condiciones territoriales o demográficas lo justifiquen.
Reservas de constitucionalidad.
Pese al respaldo general, persistieron discrepancias en torno a excepciones para el conservador de Santiago y a la exclusión del Poder Judicial en el proceso de nombramientos, lo que llevó a parlamentarios como Jorge Durán y Miguel Ángel Calisto a anunciar reservas de constitucionalidad.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, valoró el avance del proyecto, mientras que desde distintos sectores se destacó la relevancia de la reforma para modernizar el acceso a servicios legales fundamentales. La nueva ley entrará en vigencia seis meses después de ser publicada en el Diario Oficial.
