Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados votará la acusación constitucional en contra del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán. La acción fue presentada tras los incidentes ocurridos el pasado 10 de abril en el estadio Monumental, los que terminaron con la muerte de dos jóvenes.

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Mientras aún no hay claridad respecto al resultado de la votación, el abogado de Durán, Francisco Cox, se refirió a la medida y aseguró que no existe base jurídica para sustentar la acusación. “Lo que tiene que hacer un delegado para ser acusado constitucionalmente y destituido es infringir directamente la Constitución, no una ley”, explicó en entrevista con Radio Agricultura.

Según detalló, los acusadores han intentado vincular el caso con una supuesta infracción al artículo 24 de la Carta Fundamental, que establece que es el Presidente quien debe velar por el orden público. Sin embargo, recalcó que “respecto del delegado presidencial dicen, bueno, el delegado presidencial es el representante natural del presidente”.

“El tema es que con la modificación de la ley del Ministerio del Interior y con la dictación de la ley del Ministerio de Seguridad Pública, a partir del 1 de abril, se le quita la función de velar por el orden público al delegado presidencial”, añadió.

En esa línea, sostuvo que “no hay base jurídica para acusar constitucionalmente al delegado presidencial, porque dentro de sus atribuciones no está velar por el orden público, que es lo que establece el artículo 24 respecto del presidente”.

“Jurídicamente, no tiene ningún sustento”

Cox insistió en que la acusación debe “embarcarse dentro de una cancha jurídica, que son estos requisitos. Por muy político que sea, o que se le quiera poner, en realidad los diputados y diputadas están sometidos a la Constitución, y la normativa de la Constitución”.

“Si usted tiene un problema o tiene un desacuerdo sobre la decisión de revocar o no revocar la autorización, es un problema de legalidad, no de constitucionalidad. Por eso yo le digo que jurídicamente no tiene ningún sustento”, afirmó.

Finalmente, el abogado sostuvo que el libelo responde a motivaciones políticas. “Cuando uno lee las 30 páginas de la acusación, uno ve aquí un arrebato político, más que una decisión concienzuda, meditada, y viendo si se cumplen los requisitos jurídicos”, concluyó.