La millonaria disputa de la Gobernación Metropolitana con una aseguradora por monto no restituido de ProCultura
Desde el organismo, liderado por Claudio Orrego, señalan que la aseguradora Porvenir no ha pagado la póliza de garantía por montos no devueltos de la fundación.
La millonaria disputa de la Gobernación Metropolitana con una aseguradora por monto no restituido de ProCultura / VICTOR HUENANTE
La Gobernación Regional Metropolitana, liderada por Claudio Orrego, mantiene un conflicto judicial abierto con la aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) por el no pago de pólizas de garantía por más de $1.000 millones, producto del término anticipado del convenio con la fundación ProCultura.
Según ha señalado Orrego, todo este conflicto se originó luego de que en noviembre de 2023, tras observar incumplimientos en la rendición de cuentas y la ausencia de información bancaria exigida por parte de la institución fundada por Alberto Larraín, el GORE pusiera término anticipado al convenio.
El proyecto en cuestión llamado “Transferencia y Prevención del Suicidio mediante el Fomento de la Salud Mental”, ejecutado por ProCultura y financiado con más de $1.683 millones, exigía también pólizas de seguro “a primer requerimiento” para garantizar el uso correcto de los fondos, siendo contratada por la fundación la Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR)
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Por ello, y tras terminar el vínculo con la institución de Larraín, la Gobernación inició el cobro de cinco pólizas emitidas por ASPOR para recuperar los recursos comprometidos (más de 31 mil UF).
Sin embargo, la aseguradora rechazó el primer requerimiento del GORE, acusando que esta solicitud estaba incompleta. Sin embargo, y pese a que la información fue corregida días después, ASPOR interpuso una medida prejudicial precautoria para evitar el pago inmediato de este millonario.
La acción judicial fue acogida por el 8° Juzgado Civil de Santiago el 15 de diciembre, paralizando la restitución de los fondos.
No obstante, este conflicto no quedó ahí, puesto que tras conocer la jugada ante los tribunales por parte de ASPOR, el GORE presentó una denuncia ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entidad que en julio de 2024 sancionó a la aseguradora con una multa de 1.000 UF.
Advertencia de la gobernación
Además, la Gobernación emitió una circular a alcaldes, ministerios y servicios públicos de todo el país para no contratar con la aseguradora mientras no cumpla con su obligación de pago.
Esto no cayó nada bien a la aseguradora, quien nuevamente recurrió a la Justicia acusando que la circular era una represalia ilegal, arbitraria y violatoria de derechos constitucionales como la igualdad ante la ley, la libertad económica y el debido proceso.
Sin embargo, el 29 de noviembre de 2024, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección de ASPOR, considerando que la controversia principal ya estaba siendo conocida por el juzgado civil y por la CMF, y que el GORE actuó dentro de sus facultades para proteger recursos públicos.
“El uso de estos seguros pierde sentido”
Este conflicto judicial entre el GORE y ASPOR no solo abrió el debate de fondo sobre la efectividad de las pólizas de seguro como instrumento de garantía pública, sino que también permitió a la Gobernación identificar al menos otras cuatro aseguradoras que también se han negado a pagar pólizas cuando han sido requeridas.
“El uso de estos seguros pierde sentido si las compañías pueden bloquear su pago con medidas judiciales”, señaló Orrego en su momento.
Actualmente, hay dos procesos judiciales en curso respecto a este caos: El primero dice relación con el juicio civil que se mantiene por la restitución de más de $1.000 millones por parte de ASPOR a la Gobernación Regional; y otra de la propia aseguradora contra la CMF, debido a la multa de 1.000 UF que esta le cursó como sanción.
