Isabel Allende declarará como imputada por supuesto tráfico de influencias en compra de casa de Salvador Allende este viernes
La exsenadora PS se presentará ante el fiscal Patricio Cooper, lo cual será clave, ya que podría dejar repercusiones judiciales, pero también políticas.

Tras guardar silencio por varios meses, la exsenadora del Partido Socialista, Isabel Allende Bussi, declarará ante la Fiscalía por la fallida compra de la casa de Salvador Allende.
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La exparlamentaria se presentará ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien lleva adelante esta investigación, en calidad de imputada.
Fallida compra de casa de Salvador Allende
Esta causa se originó por la fallida compra por parte del Estado de la casa de su padre, Salvador Allende, con el objetivo de convertirla en museo.
Pese a que la operación no se concretó, generó sospechas de tráfico de influencias.
La investigación se inició tras una conversación interceptada entre Miguel Crispi, entonces jefe del Segundo Piso de La Moneda, y su madre, Claudia Serrano, en el marco de la investigación a la fundación ProCultura.
En dicha charla, Crispi afirmó que Allende había presionado a distintas autoridades para acelerar la compra del inmueble.
En el audio, Crispi dijo: “Ella (Isabel Allende) llamó hasta al portero del Ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad”. Este comentario fue considerado por la PDI un “hallazgo casual relevante”, lo que motivó la apertura de una nueva causa por tráfico de influencias.
“Colaborará como corresponde”
La exsenadora había guardado silencio cuando fue citada en enero por el fiscal Cooper. Un mes después, el Tribunal Constitucional la destituyó de su cargo como senadora por infringir la prohibición de contratar con el Estado.
Ahora, fuera del Congreso, Isabel Allende decidió colaborar con la investigación. Su abogada, Paula Vial, confirmó que “colaborará como corresponde”.
Esta declaración será clave para aclarar su posible implicación en el caso, con repercusiones no sólo judiciales, sino también políticas, especialmente dentro del gobierno del Presidente Gabriel Boric.