Coletazos tras lapidario fallo: Ministerio Público saca al fiscal Cooper de la causa de ProCultura
El persecutor recibió duras críticas de la Corte de Apelaciones de Antofagasta por la intervención telefónica a Josefina Huneeus.
Ministerio Público saca al fiscal Cooper de la causa de ProCultura
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La Fiscalía Nacional resolvió reasignar la investigación conocida como “Caso Procultura” desde la Fiscalía Regional de Coquimbo hacia la Fiscalía Regional de Antofagasta, debido a la gravedad, complejidad y necesidad de asegurar objetividad en la investigación, especialmente tras las recientes críticas surgidas desde la Corte de Apelaciones.
Esta decisión, tomada en virtud del artículo 19 de la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, busca garantizar la adecuada conducción de las diligencias, considerando que el primer hecho investigado tuvo lugar precisamente en la región de Antofagasta.
Paralelamente, la Fiscalía Nacional ha solicitado al Fiscal Regional de Coquimbo, Patricio Cooper, que entregue un informe detallado respecto de las duras observaciones realizadas por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Dicha corte acogió un recurso de amparo presentado por Josefina Huneeus Lagos, cuyas comunicaciones telefónicas fueron interceptadas irregularmente.
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El tribunal criticó severamente al fiscal Cooper por autorizar y mantener interceptaciones telefónicas sin fundamentos sólidos, inicialmente destinadas al imputado Alberto Larraín pero realizadas sobre el teléfono de Josefina Huneeus. Además, censuró que, al descubrir el error, la fiscalía intentara justificar retrospectivamente la medida convirtiendo a Huneeus en imputada sin evidencia suficiente.
Una de las acciones más controvertidas fue la interceptación ilegal de conversaciones entre Josefina Huneeus y el presidente Gabriel Boric, la cual derivó en una cuestionada solicitud para intervenir también el teléfono presidencial, profundizando la gravedad del caso.
Finalmente, la Fiscalía Nacional enfatizó su compromiso con el cumplimiento estricto de la ley, la garantía de procesos justos y el resguardo de la confianza pública en la labor persecutoria penal.
