$4.800 millones de perjuicio: bancada de RN exige al CDE investigar millonaria pérdida de vacunas y evaluar acciones legales
Parlamentarios acusan una gestión deficiente en salud pública que podría traducirse en responsabilidades civiles y penales.
$4.800 millones de perjuicio: bancada de RN exige al CDE investigar millonaria pérdida de vacunas y evaluar acciones legales / VICTOR HUENANTE
La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que investigue y persiga responsabilidades por graves irregularidades en las campañas de vacunación contra la influenza y el covid-19, que habrían causado un perjuicio fiscal cercano a los $4.800 millones.
Según el oficio presentado, 1,2 millones de dosis contra la influenza se perdieron durante la campaña 2024, con un costo estimado por los parlamentarios de $4.800 millones. A ello se suman antecedentes de la Contraloría General de la República (CGR), que revelan problemas en la gestión de vacunas contra el covid-19 entre 2022 y 2023.
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El informe de la CGR detectó el uso de 18.132 dosis vencidas, el suministro de 70 vacunas que perdieron cadena de frío, y la aplicación de 436 dosis a personas fallecidas. Además, se identificaron discrepancias en la recepción de más de 341 mil dosis y diferencias en los registros de vacunas vencidas entre la Contraloría y el Ministerio de Salud por más de 267 mil dosis.
“Debe ser investigado y sancionado”
El diputado Miguel Mellado, jefe de bancada RN, sostuvo que “un derroche como este no puede ser impune, particularmente en el escenario de estrechez fiscal que atravesamos”. Agregó que “esta negligencia debe ser investigada y sancionada, ojalá penalmente”.
Por su parte, el diputado Andrés Celis advirtió que estos hechos “solo colaboran a profundizar la desconfianza ciudadana hacia un proceso de inmunización que ha estado bajo ataque irresponsable”.
El oficio solicita que el CDE se imponga de los antecedentes, solicite información al Ministerio de Salud y ejerza acciones legales para determinar la responsabilidad civil, administrativa y penal de los funcionarios involucrados. Según RN, lo ocurrido evidencia una gestión “negligente y deficitaria” y un posible daño grave al patrimonio del Estado.
