Boric y Procultura: fondos que fiscal Cooper sostuvo fueron desviados a campaña del Presidente no eran dineros públicos
Una escucha telefónica fue clave para que la fiscalía pidiera “pinchar” al Presidente, pero al parecer no había sustento sobre el uso de fondos públicos.
Boric y Procultura: fondos que fiscal Cooper sostuvo fueron desviados a campaña del Presidente no eran dineros públicos / Mario Andrés Vergara Escobar
Un grave error quedó en evidencia en la investigación que motivó a la Fiscalía de Antofagasta a solicitar la interceptación telefónica del Presidente Gabriel Boric. Según se reveló, el fiscal Patricio Cooper justificó su requerimiento ante el tribunal señalando que existía una “confesión” sobre el desvío de fondos públicos desde la fundación Procultura hacia la campaña presidencial de Boric. Sin embargo, CIPER confirmó que los fondos involucrados no eran públicos, sino aportes privados de empresas como Enel, Anglo American y Minera Candelaria, y que no hay rastro de que llegaran a la candidatura.
La fiscalía fundamentó su acusación en una escucha telefónica donde una mujer identificada como “Lucía” aseguró que la fundación Procultura le debía dinero, y que su director, Alberto Larraín, le habría dicho que los recursos “se usaron en la campaña de Boric”. CIPER identificó a “Lucía” como Lucía Bustamante, propietaria de la imprenta Andros, a la que se le adeudan $41,9 millones por trabajos de impresión relacionados con proyectos culturales.
Dichos trabajos, según constató el medio de investigación, fueron financiados mediante la Ley de Donaciones Culturales con aportes privados y no mediante convenios con organismos públicos, como aseguró el fiscal. Los proyectos se desarrollaron entre 2023 y 2024 en localidades como Llay Llay, Tierra Amarilla, Los Molles y Rinconada, mucho después de la campaña presidencial de 2021.
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A pesar de que Bustamante tiene experiencia en campañas electorales —su empresa facturó casi $25 millones a la candidatura de Boric en 2021 por impresión de volantes—, no hay antecedentes en la carpeta investigativa que demuestren que las facturas impagas que originaron la disputa provengan de fondos públicos o hayan sido utilizados para fines políticos.
La conversación que desencadenó el conflicto legal ocurrió en octubre de 2024 entre Bustamante, la fundadora de Procultura, Ilonka Csillag, y la representante legal de la fundación, Constanza Gómez. En dicha conversación, interceptada por la PDI, Bustamante reclamaba por el pago pendiente, y es allí donde se habría citado la supuesta confesión de Larraín. Sin embargo, esta afirmación no ha sido respaldada con evidencia concreta por parte del Ministerio Público.
El propio Larraín, según consta en declaraciones judiciales, confirmó que no se realizaría el pago, dado el estado financiero de la fundación tras la crisis del Caso Convenios. Los proyectos a los que correspondían las impresiones, todos con financiamiento privado, se encuentran detallados en las facturas presentadas en una demanda civil interpuesta por la imprenta Andros.
La fiscalía comenzó a indagar los servicios prestados por la imprenta a partir de esta disputa civil. En marzo de 2025, posterior a las solicitudes de interceptación telefónica del presidente, la policía realizó interrogatorios específicos sobre los pagos a Andros. Funcionarios de Procultura indicaron que, en su experiencia, los trabajos se relacionaban exclusivamente con financiamiento privado canalizado a través de la Ley de Donaciones Culturales.
