Disputas por tortura, resguardo de menores y responsabilidad de mandos envían proyecto RUF a comisión mixta
Aspectos sensibles como la prohibición de tortura, deberes de protección y grados de fuerza potencialmente letal serán zanjados por la comisión mixta tras no lograr acuerdo en la Cámara Baja.
El proyecto de ley (boletín 15805) que busca establecer los principios y reglas que regularán el uso de la fuerza (RUF) por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, así como por las Fuerzas Armadas cuando cumplan funciones en este ámbito, deberá ser resuelto en una comisión mixta. Esta instancia parlamentaria tendrá la tarea de zanjar los últimos aspectos pendientes de la iniciativa.
La necesidad de recurrir a una comisión mixta se deriva de la decisión tomada por la Sala de la Cámara de Diputados, que no aprobó una decena de modificaciones que habían sido incorporadas al proyecto durante su paso por el Senado. Estas modificaciones rechazadas apuntaban tanto a enmiendas sobre normas que ya estaban definidas en el primer trámite legislativo, como a artículos completamente nuevos que fueron introducidos en el segundo.
Sin embargo, no todos los aspectos del proyecto fueron objeto de desacuerdo. La Corporación sí logró pasar el escrutinio y aprobar el marco de definiciones generales de la iniciativa, así como los principios rectores que deben guiar el uso de la fuerza por parte del personal.
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Estos principios rectores, que quedaron aprobados en la Cámara, son fundamentales para la aplicación de las RUF. Incluyen la Legalidad, que exige que el uso de la fuerza se suscriba estrictamente a la Constitución, los tratados internacionales vigentes y las leyes; la Necesidad, que establece que la fuerza solo debe utilizarse cuando sea estrictamente necesario para el cumplimiento del objetivo encomendado; la Responsabilidad, que señala que el uso de la fuerza fuera de los parámetros legales conlleva responsabilidades para quienes la ejercen y, en su caso, para los mandos y la autoridad civil correspondiente; y la Racionalidad, que implica que la fuerza debe ejercerse racionalmente por parte del personal, considerando siempre las circunstancias específicas de cada situación.
Debate parlamentario y normas que van a mixta
La discusión de este proyecto en la Cámara comenzó el pasado miércoles 7 de mayo, jornada en la que intervinieron 38 legisladores. En la sesión donde se procedió a las votaciones, expusieron sus puntos de vista un total de 28 parlamentarios.
Durante el debate, algunos testimonios expresaron con urgencia la necesidad de sacar adelante esta ley. Se planteó que el debate ya había sido suficiente y que era imperativo contar con sus normas para respaldar de manera efectiva la acción de las policías y las Fuerzas Armadas en su labor contra el crimen organizado, el terrorismo y la delincuencia en el país.
Por otra parte, otro sector de parlamentarios sostuvo que las reglas para el uso de la fuerza deben necesariamente enmarcarse en la legislación internacional sobre derechos humanos. Criticaron disposiciones provenientes del Senado, las que a su juicio, excedían los límites deseados en cuanto al respeto irrestricto de los derechos fundamentales en el contexto de la persecución criminal. En esta línea, solicitaron enviar el proyecto a una comisión mixta precisamente para reformular algunos de estos temas.
En la centroderecha también hubo voces que abogaron por el envío del proyecto a una comisión mixta, pero con un sentido diametralmente opuesto. Desde este sector se consideró que la propuesta actual es aún débil y que se necesitan consagrar más resguardos y protecciones legales para el personal de las fuerzas de seguridad que debe enfrentar diariamente a la delincuencia en el país.
Al momento de las votaciones en la Sala de la Cámara, fue la postura de la centroderecha la que terminó primando. Esto se tradujo en el rechazo de diez de las normas que habían sido introducidas o modificadas por el Senado, cuya votación separada fue solicitada por este sector.
Objeto de discusión y resolución
Entre las disposiciones específicas que ahora deberán ser objeto de discusión y resolución en la comisión mixta se encuentran la prohibición a prácticas de tortura, así como dos de los deberes clave definidos en el texto: aquellos referidos al resguardo de terceros y la protección de menores de edad durante procedimientos donde se utilice la fuerza.
También se rechazó lo relacionado con labores de vigilancia pasiva, el grado de fuerza considerado potencialmente letal, una norma específica sobre detenciones, la disposición que regula la responsabilidad de autoridades militares en el contexto de las RUF y de los policías que estén fuera de servicio (de franco), y la norma referida a la eximente de responsabilidad.
La Cámara de Diputados ya definió a los parlamentarios que la representarán en la comisión mixta encargada de resolver estos desacuerdos. Serán las diputadas Lorena Fries y Lorena Pizarro, y los diputados Miguel Ángel Calisto, Andrés Longton y Gustavo Benavente, quienes buscarán alcanzar un acuerdo con los senadores designados para destrabar la tramitación de este relevante proyecto de ley sobre el uso de la fuerza.
