Arresto domiciliario para Catalina Pérez: las razones del Juzgado de Garantía para no decretar prisión preventiva

La desaforada diputada Catalina Pérez Salinas fue dejada bajo las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. El Juzgado de Garantía de Antofagasta tomó esta decisión en la audiencia de formalización, donde la parlamentaria es imputada por el Ministerio Público como autora de tres delitos consumados de fraude al fisco, relacionados con los convenios irregulares suscritos entre el Minvu y la fundación Democracia Viva durante 2022.

La magistrada Claudia Campusano Reinike, a cargo del Juzgado de Garantía, rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público, una medida que había sido enfáticamente requerida por la Fiscalía. La principal razón para esta determinación judicial fue la consideración de que la prisión preventiva resultaba “desproporcionada con relación a las cautelares que cumplen coimputados por los mismos delitos”, estableciendo así un precedente de equidad en la aplicación de las medidas cautelares.

Pese a la decisión de no decretar prisión preventiva, la jueza Campusano Reinike sí tuvo por acreditados los antecedentes que justifican la existencia de los tres delitos de fraude al fisco que se investigan, así como la participación de la exdiputada. La resolución judicial detalla que “quedando acreditado que esta tenía un conocimiento expreso de que se suscriben los convenios sin que dicha fundación cumpliera con los requisitos básico para ello”. Esto subraya que, para el tribunal, existen indicios sólidos de que Pérez estaba al tanto de las irregularidades en los acuerdos.

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Al momento de resolver la necesidad de cautela, la jueza sopesó la gravedad de los ilícitos. Reconoció que, si bien se trata de delitos que conllevan pena de crimen –considerándolos, por ende, un peligro para la seguridad de la sociedad– y que se vertieron antecedentes sobre acciones para “falsear datos” y cubrir a la fundación, lo que podría indicar un riesgo de futuras obstrucciones a la investigación, el criterio de proporcionalidad fue determinante. La magistrada accedió a los argumentos de la defensa, que insistió en que la medida cautelar debía ser equivalente a la que ya mantiene el coimputado Daniel Andrade.

Acuerdo Contrreras - Andrade

Según la imputación del ente persecutor, la exdiputada estaba al tanto del acuerdo irregular entre Carlos Contreras, exseremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, y Daniel Andrade, representante de la fundación Democracia Viva y entonces pareja de Pérez.

Este pacto buscaba suscribir tres convenios de forma anómala entre el Minvu y la fundación para realizar obras menores en campamentos de Antofagasta, trabajos que, sin embargo, no llegaron a ejecutarse. Dichos convenios, firmados entre septiembre y noviembre de 2022, implicaron la transferencia de sumas significativas de dinero público, ascendiendo a $200.000.000, $170.000.000 y $56.000.000 en distintas fechas.

Finalmente, el Juzgado de Garantía de Antofagasta fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación, periodo durante el cual se espera que el Ministerio Público concluya la recopilación de antecedentes en este mediático caso que ha generado amplias repercusiones políticas y sociales.