Tras filtrarse conversación con Presidente Boric: Josefina Huneeus interpone amparo por pinchazo a su teléfono “sin justificación legal alguna”
El recurso fue interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, donde sus abogados argumentan que “fue víctima de una intromisión ilegal y arbitraria que debe ser enmendada”.
Una acción legal ha sido presentada ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta por los abogados Alejandro Awad Cherit y Miguel Schürmann Opazo, en representación de Josefina Huneeus Lagos. La demanda se dirige contra lo que califican como “espionaje” y la interceptación ilegal de comunicaciones telefónicas de su clienta, en el marco de la investigación del bullado caso Procultura.
Los juristas fundamentan su acción en la ausencia de sospechas sólidas o motivos legales que justificaran las escuchas, dado que Huneeus no figuraba como persona investigada en la causa. El escrito de la defensa subraya que “La medida inicial se habría decretado por un equívoco, asumiendo que el número correspondía a otra persona”. Además, enfatizan que los contenidos de las conversaciones interceptadas, incluida una que involucra al Presidente Gabriel Boric, carecen de relevancia penal alguna.
El recurso de amparo detalla que el Ministerio Público y el tribunal habrían excedido sus facultades al inicialmente categorizar a Huneeus como testigo, para luego tratarla como imputada sin que existieran antecedentes concretos que justificaran tal cambio de estatus. La defensa sostiene que las autoridades “Pretendieron ‘mantener’ una interceptación ilegal a través de resoluciones carentes de fundamentos”.
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Entre las irregularidades que expone el recurso, se destaca que la primera interceptación, autorizada el 2 de octubre de 2024, estaba dirigida a un número supuestamente asociado al imputado Alberto Larraín, pero en realidad pertenecía a Huneeus desde hacía dos décadas. A pesar de que este error fue detectado, la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó el 16 de octubre la continuidad de la medida, arguyendo que Huneeus “tenía conocimiento de los hechos investigados”. El Juzgado de Garantía habría accedido, según la defensa, sin que la petición fiscal aportara normas o pruebas, con el tribunal “autorizando la interceptación como si Huneeus fuera imputada, pese a que ni siquiera se le atribuía participación en los delitos”.
Un aspecto central del caso es que, entre las comunicaciones intervenidas, figura una llamada del 14 de octubre de 2024 entre Josefina Huneeus y el Presidente Gabriel Boric, grabada antes de la supuesta “legalización” de las escuchas. Este registro fue posteriormente utilizado en un intento infructuoso por interceptar el teléfono del propio Mandatario, solicitud que fue rechazada el 12 de noviembre por falta de argumentos. Los abogados acusan un uso indebido de medidas intrusivas, recalcando que la Fiscalía describió a Huneeus como testigo en sus solicitudes, a pesar de que el tribunal la trató como imputada sin la debida justificación, lo que, a su juicio, carece de motivación y valida la ambigüedad fiscal.
“Una intromisión exclusiva de imputados”
El recurso de amparo exige la nulidad de las resoluciones impugnadas y la eliminación de todo el material obtenido mediante estas intervenciones. La defensa argumenta que las medidas cautelares afectaron la libertad personal y el honor de su clienta, señalando que “se instrumentalizó la calidad de testigo para validar una intromisión exclusiva de imputados”.
La situación se inserta en la investigación del caso Procultura, que indaga supuestas irregularidades en convenios entre entidades públicas y la Fundación Procultura, con estimaciones de pérdidas fiscales que ascienden a los $6 mil millones. Ahora, la Corte de Apelaciones de Antofagasta tiene la tarea de resolver si acoge o rechaza este amparo.
