“Una resolución inválida”: Corte Suprema declara ilegal la incautación del celular del ministro del TC Héctor Mery
El máximo tribunal revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y ordenó al Ministerio Público devolver de forma inmediata los documentos y objetos incautados.
Agencia Uno
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La Corte Suprema resolvió acoger el recurso de amparo presentado por el ministro del Tribunal Constitucional, Héctor Mery, y declaró ilegal el allanamiento y la incautación de su celular, ocurridos en el marco de una investigación penal.
La decisión revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y ordenó al Ministerio Público devolver de forma inmediata los documentos y objetos incautados.
El máximo tribunal estableció que la diligencia intrusiva, autorizada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, vulneró garantías fundamentales de la autoridad del TC.
Esto, luego de constatar que el fiscal a cargo solicitó la medida presentando al ministro como “imputado”, cuando en realidad mantenía la calidad de “testigo” en la causa. Esta imprecisión fue considerada clave, ya que llevó a la jueza a autorizar la medida bajo supuestos equivocados.
Héctor Mery / Agencia Uno / VICTOR HUENANTE
La Corte Suprema argumentó que la resolución que habilitó el allanamiento carecía de una fundamentación adecuada, infringiendo principios básicos del debido proceso. “La decisión judicial presentó la insalvable dificultad de haber sido dictada bajo supuestos inexactos y disconformes con la realidad, transformándola automáticamente en una resolución inválida”, señala el fallo.
Además, el dictamen criticó la falta de prolijidad del Ministerio Público al solicitar la medida, subrayando que, al tratarse de una investigación desformalizada, el fiscal debía actuar con mayor celo y responsabilidad para resguardar derechos fundamentales.
Con esta resolución, el tribunal confirmó que el procedimiento afectó la libertad personal de Mery, validando así la vía del recurso de amparo para restituir sus derechos.
La decisión fue acordada de manera dividida, con el voto en contra de uno de los abogados integrantes, quien sostuvo que el recurso de amparo no era el mecanismo adecuado para cuestionar la legalidad de la diligencia.
