Diputada exige renuncia del director nacional del Servicio de Protección a la Niñez por denuncias de probidad
Marcia Raphael (RN) solicitó la salida de Claudio Castillo tras revelarse supuestas irregularidades en licitaciones públicas que habrían beneficiado a fundaciones colaboradoras del servicio.
La diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael, ha solicitado públicamente la renuncia del director nacional del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, a raíz de graves denuncias sobre supuestas irregularidades en procesos de licitación pública al interior de la institución.
La parlamentaria manifestó su firme apoyo a la denuncia previamente realizada por la Asociación de Funcionarios del Servicio (ANFUSEPNA) y pidió una investigación exhaustiva por parte de la Contraloría General de la República para esclarecer los hechos.
Más información
Según un reporte del medio CIPER Chile, las irregularidades se relacionarían con la supuesta entrega anticipada de un borrador técnico de un concurso de licitación aún no publicado a la “Mesa de Residencias”, un grupo conformado por fundaciones que colaboran con el Servicio. Este documento contendría observaciones que posteriormente habrían sido incorporadas en la versión final de las bases, beneficiando a dichas fundaciones en las licitaciones realizadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
La diputada Raphael calificó la situación de suma gravedad. “Los hechos denunciados son gravísimos y atentan contra los principios de probidad y transparencia que deben regir en toda institución pública, especialmente en aquellas que trabajan con niños, niñas y adolescentes gravemente vulnerados”, afirmó la congresista, quien solicitó con firmeza ”la renuncia del señor Castillo y su equipo asesor mientras se esclarecen los antecedentes”.
Enfática, subrayó que “no podemos permitir que prácticas de esta naturaleza pongan en tela de juicio la integridad de las instituciones que deben proteger a los más vulnerables. Es indispensable que la Contraloría investigue a fondo y determine las responsabilidades administrativas y legales pertinentes”.
La Asociación de Funcionarios del Servicio ha solicitado también la renuncia del director, argumentando que esta situación vulnera principios constitucionales y legales sobre probidad administrativa. La diputada Raphael expresó su total respaldo a esta solicitud, señalando que “el daño que estos actos generan a la confianza pública es incalculable” y exigiendo “medidas concretas y ejemplares para restablecer la credibilidad del servicio”.
La polémica pone nuevamente el foco en la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control en las instituciones públicas, sobre todo en aquellas que tienen la delicada misión de resguardar los derechos de la niñez.
