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“Llamó hasta al portero del ministerio”: la conversación de Miguel Crispi que inició investigación contra Isabel Allende por venta de casa familiar

La transcripción de una conversación del ex jefe del Segundo Piso con su madre, recogida en un informe policial, contendría dichos de Crispi que la PDI interpreta como “presión indebida” de la exparlamentaria para apurar la compra de la casa de Salvador Allende.

Agencia Uno

Agencia Uno / Mario Andrés Vergara Escobar

Una conversación telefónica interceptada al entonces jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, en el marco de otra causa, ha dado origen a una nueva investigación penal por el presunto delito de tráfico de influencias. La indagatoria apunta a la exsenadora Isabel Allende, vinculada a gestiones para la compra por parte del Estado de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende.

El hecho se remonta al 7 de enero de 2025. Mientras la Policía de Investigaciones (PDI) realizaba escuchas telefónicas a Miguel Crispi en el marco de la investigación del caso ProCultura –donde Crispi era “sujeto de interés” por haber validado un convenio millonario cuando fue subsecretario de Desarrollo Regional–, detectaron un diálogo con su madre, Claudia Serrano.

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A juicio de la Brigada Anticorrupción de la PDI, el “tono” y contenido de esa conversación constituyeron un “hallazgo casual relevante”. En el Informe Policial N°14, fechado el 8 de enero de 2025, la PDI incluyó la transcripción de lo que Crispi le confidenció a su madre, donde, según los investigadores, “deslizaba gestiones de Allende para agilizar la compra de la casa de su padre”.

Tras revisar el informe policial, el fiscal jefe Eduardo Yáñez tomó la decisión de separar esa pieza investigativa del caso ProCultura. El 8 de enero, mediante un correo electrónico (al que accedieron esta semana defensas y el querellante en el caso Allende), el fiscal Yáñez dejó constancia de la apertura de una nueva investigación de oficio para establecer la posible comisión del delito de tráfico de influencias, tipificado en el artículo 240 bis del Código Penal. El correo señalaba que en la llamada Crispi se refería a la participación de “a lo menos dos funcionarias públicas en gestiones para que el gobierno comprara un inmueble... que beneficiaría intereses económicos personales”.

“Llamó hasta al portero del ministerio”

Quienes han tenido acceso al informe policial, liberado esta semana, detallan que en la conversación, la madre de Crispi cuestionó el manejo del gobierno en la decisión de cancelar la compra de la casa de Allende –que por entonces era calificada de “bochorno”–, tras cuestionamientos por convenios firmados con el Estado por la entonces ministra Maya Fernández (PS) y la senadora Isabel Allende (PS). Crispi respondió a su madre que la responsabilidad también recaía en el abogado de la familia y en la propia senadora. La transcripción recoge la frase atribuida a Crispi sobre Allende: “O sea (Isabel Allende) llamó hasta al portero del ministerio. Weveando, weveando, weveando, que se haga, que se haga así… Ella tiene mucha responsabilidad y también el abogado de la familia Allende”, publica La Tercera.

Según la PDI, este diálogo sugeriría una “suerte de presión indebida de la hoy destituida senadora para forzar la adquisición” de la casa familiar.

Consultado recientemente sobre este diálogo (la semana pasada), Miguel Crispi –quien renunció a su cargo dos meses después de la fallida compra– declaró como testigo en la causa sobre las casas de expresidentes. Fue en ese momento cuando él y su abogado, Guillermo Chahuán, advirtieron la medida intrusiva que pesaba sobre él. Según quienes conocen su testimonio, Crispi “bajó el perfil” de sus dichos, señalando que fueron emitidos “al tenor de una discusión política”.

El abogado Guillermo Chahuán confirmó que se enteraron de la interceptación durante la declaración de Crispi en otra causa. Sostuvo que la conversación con su madre fue “privada y propia de un contexto familiar” y que “sacada de contexto, se presta para otras interpretaciones”. Negó que en esa conversación Crispi atribuyera “presiones indebidas ni un delito” a la exsenadora, señalando que lo que buscó transmitir “de manera informal y coloquial” fue que el abogado de la familia “monitoreó el avance del proceso y tampoco advirtió la inhabilidad”.

ADN

La apertura de esta investigación de oficio el 8 de enero –un día después de la llamada de Crispi y antes de que se presentara una querella por “fraude al Fisco” el 9 de enero basada en antecedentes de prensa–, aclara por qué el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó el 14 de enero al fiscal regional Cooper para tramitar la indagatoria por la fallida compra de la casa de Allende. A esa altura, los investigadores ya contaban con antecedentes relevantes vinculados a la exsenadora.

La investigación formal por tráfico de influencias buscará determinar si las gestiones mencionadas en la conversación de Crispi constituyen un delito, poniendo el foco en el presunto rol de la exsenadora en el fallido intento de compra de la casa familiar por parte del Estado.

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