Casinos chilenos desmienten a plataformas de apuestas online y advierten que su actividad sigue siendo ilegal
La Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) respondió a una declaración de la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea sobre la legalidad de su funcionamiento.
Durante este jueves, la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ) desmintió a la Agrupación de Plataformas de Apuestas en Línea, que había señalado que la Justicia habría determinado que la actividad de las casas de apuestas online no constituye un delito.
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En un comunicado, la ACCJ aclaró que “la decisión del Ministerio Público de ‘no perseverar’ en una investigación penal específica no convierte a las plataformas de apuestas en línea en legales. Simplemente, indica que, en esta causa puntual, no se avanzará con una acusación penal. Esto no equivale a una autorización para operar, ni elimina la necesidad urgente de regular un mercado que hoy funciona sin controles”.
“Existen, además, otras causas activas —incluyendo investigaciones por delito tributario— que siguen su curso. La Corte Suprema, por su parte, ha rechazado solicitudes de sobreseimiento, lo que confirma que hay antecedentes suficientes para seguir investigando”, afirmaron.
Desde la asociación también advirtieron que “la existencia de investigaciones penales, sumada al vacío normativo, la promoción irrestricta en medios, el acceso sin barreras a menores de edad y la falta de controles sobre el origen de los fondos, ha erosionado la confianza ciudadana en estas plataformas”.
“Deben someterse a fiscalización”
En contraste, señalaron que los casinos presenciales operan bajo un marco estricto, con “licencias otorgadas por el Estado, fiscalización constante por la SCJ, control de identidad, planes de juego responsable y cumplimiento regulado ante la Unidad de Análisis Financiero”.
Si bien valoraron que las plataformas online reconozcan la necesidad de una regulación, la ACCJ fue enfática en que deben “pagar impuestos en Chile, someterse a fiscalización, respetar normas de publicidad, proteger a menores y prevenir el lavado de activos”.
“La ley debe premiar el cumplimiento, no la informalidad. Instamos a que la discusión legislativa se base en evidencia técnica, jurisprudencia nacional y principios de equidad regulatoria. Cualquier modelo que se adopte debe garantizar un mercado legal, competitivo y transparente”, concluyó la entidad.
