No les podrán pagar en efectivo: Cámara aprueba proyecto que obliga a abogados a justificar origen lícito de honorarios en causas de crimen organizado
La iniciativa busca evitar pagos con fondos ilícitos y establece sanciones para quienes no acrediten la procedencia del dinero recibido.
No les podrán pagar en efectivo: Cámara aprueba proyecto que obliga a abogados a justificar origen lícito de honorarios en causas de crimen organizado / boonchai wedmakawand
Con el respaldo unánime de la Sala, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Senado un proyecto de ley que busca asegurar que los abogados defensores en causas vinculadas a crimen organizado, terrorismo o narcotráfico reciban honorarios provenientes de fuentes lícitas y a través de medios de pago formales.
La medida aplica a profesionales que actúen como patrocinantes, apoderados o mandatarios en causas por delitos incluidos en la Ley 20.000, aquellos tipificados como actos terroristas, delitos funcionarios o cometidos por asociaciones criminales.
El texto establece que los honorarios no podrán pagarse en efectivo, y deberán hacerse mediante transferencias electrónicas, cheques, tarjetas u otros mecanismos que permitan su trazabilidad. Además, impone a los abogados la obligación de acreditar ante los tribunales el pago recibido al concluir o abandonar una defensa, incluso si este fue percibido por medio de una sociedad o empresa.
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También se incorporó una nueva obligación dentro de la ley que regula la Unidad de Análisis Financiero (UAF): los abogados que se desempeñen en estos casos deberán informar a dicho organismo, una norma aprobada por 109 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones.
En caso de incumplimiento, el proyecto contempla sanciones que incluyen la suspensión del ejercicio profesional entre seis meses y un año, salvo para abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública.
Durante el debate parlamentario se aclaró que la medida no busca criminalizar el ejercicio del derecho a defensa, sino garantizar la legitimidad de los recursos que la financian. El diputado Juan Fuenzalida enfatizó que “no es posible que los tribunales hoy permitan el pago de cauciones con plata manchada con sangre (…) que proviene de los delitos”.
El proyecto también amplía esta exigencia a los fondos utilizados para el pago de fianzas o cauciones, en el contexto de medidas cautelares, con el objetivo de cerrar espacios al lavado de activos.
Aunque la propuesta fue valorada transversalmente por parlamentarios como un paso contra el crimen organizado, algunos criticaron que su impacto podría ser limitado si no se complementa con medidas como el levantamiento del secreto bancario para facilitar el seguimiento de los flujos de dinero sospechoso.
“Después de un largo trabajo por fin se ha despachado al Senado este proyecto de ley que busca acreditar el origen ilícito del dinero que se paga en la fianza en las causas de narcotráfico, ya que es incomprensible que con el producto de la venta de drogas se financie el pago de millonarios honorarios en billetes a los abogados que los defienden, o peor aún, cuando alguien le roba al Estado, con ese mismo dinero puede financiar su defensa. Este proyecto aporta trazabilidad a los millonarios pagos, y por lo tanto le crea un serio problema al narco y a la corrupción”, explicó el diputado Jaime Araya (Ind-PPD).
Finalmente, el legislador manifestó que “nos parece que este es un avance para la defensa de la democracia que hoy día está amenazada por el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo, y esperamos que en el Senado esta iniciativa tenga una rápida tramitación”.
