Jefa jurídica de Segpres reconoce que conocía inhabilidades de Allende y Fernández en venta de casa
Francisca Moya explicó que su revisión legal del decreto 38 se limitó a aspectos técnicos y no contempló consecuencias constitucionales.
Jefa jurídica de Segpres reconoce que conocía inhabilidades de Allende y Fernández
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Este lunes se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en calle Guardia Vieja. A la cita asistieron el ministro del Interior, Álvaro Elizalde —quien ejercía como titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) cuando se inició el proceso—, la jefa jurídica de esa repartición, Francisca Moya, y el asesor Lucas Vera.
Durante la instancia, Elizalde reiteró que la responsabilidad política por el intento de adquisición del inmueble —que derivó en la cesación de la senadora Isabel Allende— recaía exclusivamente en la entonces ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Además, recordó que la exministra de Defensa y nieta del expresidente, Maya Fernández, también terminó dejando su cargo tras el episodio.
Sin embargo, la mayor parte del interrogatorio estuvo centrado en la abogada Moya, quien defendió su participación en la revisión del decreto 38, el que autorizaba la compra del inmueble. Según explicó, su labor se limitó estrictamente al control técnico-legal de dicho acto administrativo, afirmando que no fue parte de las evaluaciones previas ni posteriores al decreto.
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“Respecto de la legalidad del acto en particular, nuestra evaluación fue que este se ajustaba a derecho, y por eso fue suscrito por el Presidente de la República”, sostuvo Moya. Consultada específicamente sobre si conocía las inhabilidades constitucionales que afectaban tanto a la ministra Fernández como a la senadora Allende —por ser herederas del inmueble—, reconoció que sí, pero reiteró que su función se limitaba a revisar el cumplimiento normativo del decreto en sí.
“Conocíamos la norma, pero lo que nos correspondía era una revisión específica del decreto, conforme al artículo 6 de la ley que rige al Ministerio de la Segpres”, insistió la jurista ante los diputados.
También se abordó el rol del asesor Lucas Vera, quien fue uno de los encargados de revisar inicialmente el polémico decreto. Moya explicó que, debido a la alta carga de trabajo, el documento fue reasignado para su evaluación preliminar el 27 de noviembre de 2024. “Luego de que Lucas hiciera una revisión del decreto, el decreto fue revisado por mí”, aclaró.
La compra fallida de la casa de Salvador Allende ha sido uno de los episodios más controvertidos del último año, no solo por la pérdida de fondos públicos comprometidos, sino también por sus consecuencias políticas, entre ellas, la destitución de la senadora Allende por infringir la Constitución al participar indirectamente en un contrato con el Estado.
