A casi dos años de aprobada la Ley Uber: MTT ingresa por tercera vez el reglamento para su implementación
A la espera de que la Contraloría tome razón del reglamento, el proceso continúa estancado, mientras las plataformas y el Ejecutivo mantienen visiones opuestas sobre el alcance de la ley.

Ley Uber / picture alliance
A casi dos años de su promulgación, la Ley 21.553 que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT), conocida como Ley Uber, aún no entra en funcionamiento. El reglamento que permite su aplicación fue reingresado por tercera vez a la Contraloría General de la República el pasado viernes por la noche por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), en medio de una disputa con las propias plataformas.
La norma, publicada en abril de 2023, establece la necesidad de crear un Registro Nacional de Conductores y Vehículos de EAT, además de nuevas exigencias para los trabajadores y empresas del rubro. Sin embargo, su entrada en vigencia ha sido postergada sucesivamente debido a cuestionamientos de las aplicaciones y ajustes realizados por el Ejecutivo.
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El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, defendió el nuevo envío del reglamento afirmando que “muchas veces se nos cuestionó por qué estábamos llevando adelante este proceso y la respuesta es simple: las empresas de aplicación transportan personas y nuestra tarea como Estado es cuidar de ellas”. Subrayó que el objetivo es “imponer condiciones de seguridad y calidad a las empresas en beneficio de los usuarios”, publica La Tercera.
Pese a los ajustes realizados, las apps —agrupadas en la organización Alianza In, que lidera la exsenadora Marcela Sabat— han manifestado su oposición, cuestionando que el reglamento podría vulnerar la ley de protección de datos personales. Algunas incluso han presentado reclamos formales, mientras otras ingresaron un recurso de “téngase presente” ante la Contraloría.
El texto ingresado por el MTT contiene 46 artículos, dentro de los cuales se establece que la Subsecretaría de Transportes tendrá a su cargo un registro subdividido por regiones y de consulta pública. Este incluirá a todas las empresas, conductores y vehículos del sistema. Además, se establece como requisito que los conductores cuenten con licencia profesional vigente y presenten antecedentes como certificado de antecedentes penales y fotografía.
El punto más controvertido para las plataformas tiene que ver con la responsabilidad estatal en la confección y custodia de las bases de datos, lo que, según las aplicaciones, podría colisionar con las normas sobre resguardo de información sensible.
A la espera de que la Contraloría tome razón del reglamento, el proceso continúa estancado, mientras las plataformas y el Ejecutivo mantienen visiones opuestas sobre el alcance de la ley. El Ministerio espera que esta vez el trámite concluya favorablemente “en los próximos días”, permitiendo finalmente la implementación de una normativa largamente postergada.