Ministerio Público decide no perseverar en 1509 causas del estallido social y enfrenta críticas de organizaciones de DD. HH.
El ente persecutor afirmó que la medida se adoptó por falta de antecedentes suficientes para fundar una acusación.
Foto de Fiscalía: Agencia UNO | Foto del fiscal nacional Ángel Valencia: ADN
El fiscal nacional, Ángel Valencia, respondió a las críticas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y de la Coordinadora Nacional de DD.HH. y Organizaciones Sociales, quienes cuestionaron la decisión del Ministerio Público de no perseverar en 1.509 causas vinculadas a violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social de octubre de 2019.
La respuesta de Valencia fue enviada mediante una carta firmada por su jefa de gabinete, Catalina Wildner Zambra, dirigida a la presidenta de la AFEP, Alicia Lira Matus, quien había acusado que la medida era “un acto flagrante de denegación de justicia”.
Organizaciones acusan impunidad y deslegitimación del derecho a la movilización social
En una carta entregada al jefe del Ministerio Público el 28 de febrero pasado, las organizaciones manifestaron su rechazo a la decisión de no perseverar en más de 1.500 causas asociadas a violaciones de derechos humanos durante la crisis social de 2019.
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Según señalaron, esta determinación reflejaría “una clara voluntad institucional por la impunidad de las acciones ilícitas ejecutadas en el contexto de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, atribuyendo estas acciones a funcionarios públicos de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, publica La Tercera.
Además, las agrupaciones afirmaron que esta medida “deslegitima y estigmatiza el derecho humano a la movilización social”, lo que fue considerado como un retroceso en el reconocimiento de los derechos de quienes participaron en las protestas sociales.
Fiscalía Nacional: “No se reunieron antecedentes suficientes para fundar una acusación”
En su respuesta, el Ministerio Público defendió su decisión, argumentando que “esta forma de término corresponde al ejercicio de la facultad legal del Ministerio Público en aquellos casos en que no se han reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación”.
Asimismo, precisaron que las 1.509 causas en cuestión fueron cerradas de manera “progresiva desde 2020 a la fecha”, conforme a los resultados obtenidos en las investigaciones.
Limitaciones en la obtención de pruebas y rol de instituciones auxiliares
La carta de la Fiscalía también resaltó que “los resultados de las investigaciones no dependen únicamente del actuar del Ministerio Público, sino también de la labor que realizan instituciones auxiliares” y de “la disponibilidad de evidencia que permita acreditar la existencia del delito y la participación de uno o más imputados, conforme al estándar de convicción más allá de toda duda razonable”.
En ese contexto, el ente persecutor subrayó que, pese a las medidas adoptadas para garantizar la debida diligencia en la investigación de casos de violaciones a los derechos humanos durante la crisis social, los resultados no siempre han permitido avanzar hacia acusaciones formales.
Creación de unidad especializada en derechos humanos
En su respuesta, la Fiscalía Nacional destacó que, al asumir su mandato, Ángel Valencia instruyó la creación de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, como una unidad independiente dentro de la estructura jerárquica de la institución.
El objetivo de esta unidad es “fortalecer la capacidad técnica en este ámbito investigativo”, asegurando que el cumplimiento de la debida diligencia en la investigación de casos de derechos humanos sigue siendo “un tema prioritario” para el Ministerio Público.
Continúan las críticas de organizaciones de DD.HH.
Pese a la respuesta de la Fiscalía, las organizaciones de derechos humanos han manifestado su disconformidad con la falta de avances en las causas vinculadas al estallido social y han reiterado su llamado para que se esclarezcan los casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante ese período.
Hasta ahora, las agrupaciones insisten en que es necesario garantizar justicia para las víctimas y sancionar a los responsables de los hechos investigados, evitando que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro.
