Denuncia ante Contraloría: Acusan a Presidencia de fragmentar pagos para eludir licitación en viaje de Boric a Punta Arenas
El texto recalca que esta práctica de fraccionamiento podría constituir una infracción grave a la Ley de Compras Públicas, que establece como excepción el trato directo únicamente cuando los montos no superan las 100 UTM.
Denuncia ante Contraloría: Acusan a Presidencia de fragmentar pagos para eludir licitación en viaje de Boric a Punta Arenas / Francisco Vicencio Salinas
Los abogados Raimundo Palamara y John Reid presentaron este jueves una denuncia ante la Contraloría General de la República contra la Presidencia de la República, acusando irregularidades en los pagos efectuados durante el viaje del Presidente Gabriel Boric a Punta Arenas el pasado 25 de marzo.
Según el escrito, la Presidencia habría realizado pagos fragmentados a Hoteles Australis, sumando un total de $12.815.600, superando el límite establecido por la Ley de Compras Públicas (Ley 19.886) para realizar compras por trato directo, fijado en 100 UTM, equivalentes a $6.803.400 en marzo de 2025.
Más información
Denuncia apunta a fraccionamiento para evitar licitación
En la presentación, los abogados sostienen que se realizaron tres compras separadas al mismo proveedor en la misma fecha y para los mismos servicios, situación que según la ley obliga a licitar el servicio en lugar de optar por trato directo.
El cuadro expuesto en el documento detalla las siguientes adquisiciones:
- $4.688.600 por 33 habitaciones sencillas.
- $3.141.600 por concepto no especificado.
- $4.355.400 también sin detallar el servicio.
“Fragmentar una compra con el objeto de eludir el cumplimiento de la ley es un acto que requiere el correspondiente sumario, a fin de verificar por qué no se estableció cuántas personas o habitaciones se requerirían en la primera y tercera compra, y por qué no hay resolución exenta en la segunda compra citada”, señala el escrito.
Firmas y resoluciones bajo la lupa
En la denuncia se destaca que las resoluciones exentas publicadas en Mercado Público fueron suscritas por la directora administrativa de la Presidencia, Antonia Illanes. Sin embargo, uno de los pagos realizados no cuenta con resolución exenta publicada, lo que según los abogados “constituye una omisión grave que también debe ser investigada”.
El texto recalca que esta práctica de fraccionamiento podría constituir una infracción grave a la Ley de Compras Públicas, que establece como excepción el trato directo únicamente cuando los montos no superan las 100 UTM.
Solicitan sumario para determinar responsabilidades
Los abogados Palamara y Reid solicitaron a la Contraloría que se inicie un sumario administrativo para establecer las razones detrás de estos pagos fraccionados y para determinar las sanciones que correspondan en caso de comprobarse irregularidades.
“Se deben aclarar las razones que llevaron a realizar estas compras de manera fraccionada, así como las responsabilidades de quienes autorizaron estas adquisiciones sin cumplir los procedimientos establecidos por la ley”, señalaron los juristas.
Fragmentación de pagos: práctica cuestionada
El fraccionamiento de compras para evitar procesos de licitación es una práctica cuestionada que ha sido advertida en reiteradas ocasiones por la Contraloría. Esta maniobra permite que los organismos públicos realicen compras directas evitando la transparencia y competencia que exige la ley para contratos por montos elevados.
En este caso, de comprobarse la irregularidad, la Presidencia podría enfrentar sanciones administrativas y legales por incumplir la normativa vigente.
