Minuta de Bienes Nacional advirtió “consecuencias morales, políticas y jurídicas” por compra de casa de Allende
El documento evidencia advertencias tempranas sobre inhabilidades constitucionales de autoridades involucradas en la propiedad.
Minuta de Bienes Nacional advirtió “consecuencias morales, políticas y jurídicas” por compra de casa de Allende / Sebastian Beltran Gaete
El frustrado proceso para la adquisición por parte del Estado de la casa del expresidente Salvador Allende sigue generando controversia. Nuevos documentos a los que tuvo acceso CIPER revelan que desde el Ministerio de Bienes Nacionales se alertó oportunamente a asesores de la Presidencia sobre los potenciales problemas “morales, políticos y jurídicos” que podría acarrear la compra del inmueble.
La minuta, elaborada por la jefa de la División Jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez, evidencia que durante una reunión sostenida en octubre de 2024 con los asesores presidenciales Leonardo Moreno y Bernardita Nazar, se hicieron explícitas advertencias sobre la complejidad jurídica del proceso debido a la participación en la propiedad de la casa de dos autoridades: la entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende.
Alertas oportunas a la Presidencia
Según el documento entregado al Ministerio Público, Diez manifestó claramente sus inquietudes respecto de las consecuencias legales y políticas que podría implicar esta operación. Además, en dicha minuta se indicaba que la jefa de gabinete, Denisse Hernández, debía expresar públicamente las preocupaciones identificadas en Bienes Nacionales.
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Estas advertencias se produjeron antes de que se concretara la compra, la cual finalmente no se llevó a cabo al detectarse la inhabilidad constitucional de Fernández y Allende para suscribir contratos con el Estado.
Polémica y responsabilidades políticas
La adquisición, que contemplaba transformar la casa en un museo y cuyo valor ascendía a $993 millones, terminó provocando una serie de consecuencias políticas y legales. Entre ellas, la renuncia de Maya Fernández al Ministerio de Defensa y la presentación de recursos constitucionales en su contra y de la senadora Isabel Allende.
En una entrevista reciente, el Presidente Gabriel Boric atribuyó la responsabilidad del fallido proceso a los funcionarios técnicos de los ministerios involucrados, desligando a las autoridades políticas afectadas.
Investigación judicial en curso
Tras estos hechos, la Fiscalía inició una investigación por presunto fraude al fisco. En su declaración ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, Macarena Diez destacó que el procedimiento fue definido como prioritario por tratarse de un compromiso presidencial, y detalló el exhaustivo seguimiento que tuvo dentro del Ministerio de Bienes Nacionales antes de llegar a la Presidencia.
Hasta ahora, desde La Moneda se ha evitado entregar declaraciones públicas adicionales debido a la investigación judicial en curso, aunque inicialmente se aseguró que no se recibieron alertas sobre la constitucionalidad del proceso, versión que contradicen las pruebas presentadas por la abogada Macarena Diez.
