Tribunal rechaza querella de diputado Celis por supuesto tráfico de influencias contra Cariola y Hassler
Andrés Celis cuestionó decisión judicial y anunció que apelará la resolución, acusando limitaciones a la labor parlamentaria.
La justicia declaró inadmisible la querella presentada por el diputado Andrés Celis, quien acusaba a la parlamentaria Karol Cariola y a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, de presunto tráfico de influencias y eventual financiamiento ilegal de la política.
La acción judicial interpuesta por Celis, se sustentaba en la existencia de documentos y conversaciones que indicaban que Cariola habría gestionado ante Hassler, cuando esta era alcaldesa, favores administrativos en beneficio del empresario de origen chino, Yang.
Cuestionamientos del diputado Celis
Tras conocer la resolución, el diputado Celis criticó duramente la decisión judicial calificándola de “incomprensible”. Según expresó el parlamentario, la resolución judicial “limita gravemente la facultad fiscalizadora de los diputados” y podría permitir que actos ilícitos permanezcan en la impunidad.
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“¿Cómo es posible que diputados, incluido yo mismo, podamos actuar como querellantes en diversas otras causas similares, pero en este caso se declare inadmisible nuestra acción judicial?”, cuestionó Celis, enfatizando que esta resolución vulnera el derecho constitucional de cualquier ciudadano a perseguir delitos.
Además, Celis denunció haber sido víctima de hostigamiento y presiones previas a la presentación de la querella, asegurando que se le había advertido anticipadamente que la acción sería desestimada incluso antes de ser revisada formalmente.
Defensa anuncia apelación
En respuesta al rechazo judicial, Luis Silva, abogado del diputado Celis, anunció que apelarán la decisión ante tribunales superiores. Según indicó Silva, la determinación es preocupante porque “impide a cualquier ciudadano ejercer su derecho constitucional a presentar querellas por delitos públicos”.
El abogado criticó también que la resolución “interpreta erróneamente” el concepto de residencia y domicilio, recordando que, según la doctrina jurídica tradicional, es posible que una persona tenga múltiples domicilios.
Finalmente, Celis reiteró su preocupación de que la decisión judicial pudiera establecer un precedente negativo que afecte futuras acciones fiscalizadoras y enfatizó la importancia de la apelación para corregir lo que considera una limitación indebida a la capacidad de denunciar posibles delitos funcionarios.
