Consejo de Ministros aprueba actualización clave para avanzar en descarbonización
Gobierno establece nuevas reglas que restringen emisiones contaminantes en centrales térmicas a partir de 2024.
La central eléctrica de biomasa y carbón de Drax en el Reino Unido / Christopher Furlong
Este lunes, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad aprobó la actualización del Decreto N°13 de 2011, aumentando significativamente las exigencias para las emisiones contaminantes de las centrales termoeléctricas en Chile. El organismo, encabezado por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, estableció mayores restricciones para las emisiones de material particulado (MP), dióxido de azufre (SO₂) y óxidos de nitrógeno (NOx).
La nueva normativa afecta tanto a centrales existentes como a futuras plantas generadoras, independiente del combustible utilizado (carbón, gas o diésel). La ministra Maisa Rojas destacó que esta medida representa un paso importante en la estrategia nacional para avanzar hacia la carbono neutralidad.
Empresas afectadas evalúan consecuencias
Esta decisión generó preocupación inmediata entre algunas empresas del sector, principalmente las termoeléctricas sin fecha definida de cierre o reconversión, como es el caso de las plantas Santa María, de Colbún, Cochrane y algunas unidades de Guacolda. Dichas compañías han cuestionado la compatibilidad de esta normativa con el Plan Nacional de Descarbonización promovido por el Ministerio de Energía.
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El gerente general de Guacolda, Marco Arróspide, advirtió que el endurecimiento de las regulaciones podría derivar en cierres anticipados de plantas, impactando negativamente en la estabilidad del sistema eléctrico, aumentando costos energéticos a mediano plazo y afectando el empleo en las zonas donde se sitúan estas centrales, publica La Tercera.
Plazo extendido para reconversiones
La normativa aprobada también considera un período transitorio para que las centrales se adapten o concreten planes de reconversión. Emanuel Manríquez, representante de la defensa técnica del sector privado, explicó que, tras conversaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, se extendió el plazo límite del 2038 al 2040, permitiendo que las empresas con planes específicos de reconversión tengan mayor margen para adaptarse a los nuevos estándares.
Posibles acciones legales del sector empresarial
A pesar de estos ajustes en los plazos, fuentes del sector energético anticiparon que aún analizan las implicancias reales del decreto aprobado y no descartan recurrir ante la Contraloría General de la República o incluso ante tribunales ambientales si consideran que la normativa afecta negativamente la viabilidad operativa y económica de las plantas generadoras.
Finalmente, el gobierno destacó que esta actualización normativa busca avanzar de manera decidida hacia los objetivos de carbono neutralidad comprometidos internacionalmente, alineándose con las políticas ambientales que Chile se comprometió a cumplir en el corto y mediano plazo.
