Durante este lunes, Juan Carlos Manríquez, abogado defensor de la diputada Karol Cariola, en ADN Hoy se refirió al allanamiento realizado en el domicilio de la parlamentaria para incautar dispositivos electrónicos en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias en la compra de la ex Clínica Sierra Bella.

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Sin embargo, la diligencia se llevó a cabo mientras la parlamentaria estaba en trabajo de parto, lo que motivó la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por posible vulneración a los derechos de Cariola.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una entrada a la aplicación del sistema interamericano de resguardo de derechos fundamentales, conforme a la carta del pacto internacional, establece una serie de directivas, criterios y, a su vez, recomendaciones a los estados, uno de los cuales es el trato determinado que debe dar el Estado, más que un gobierno o sus órganos, el Estado, a determinadas personas en situación vulnerables”, dijo.

“Violación a la Convención Americana y al Pacto Internacional”

El abogado argumentó que Chile ha dictado leyes alineadas con esas directrices, las cuales son parte del derecho interno vigente: “Una de ellas son en favor de las mujeres parturientas y efectivamente las mujeres gestantes. Chile ha dictado dos leyes conforme a esas directivas, que son derecho interno vigente”.

“Se supone que el Estado debe adecuarse a esas convenciones internacionales, lo dice además la Constitución en su inciso segundo del artículo quinto, y toda actuación que restringe o afecta derechos de diversidad, en este caso, particularmente la dignidad de una persona y la de un ser menor que estaba recién nacido, deben restringir las facultades intrusivas y elegirse mejores momentos más pertinentes y más oportunos, sobre todo porque existen otros medios practicables para haber asegurado, por ejemplo, el acceso a ese teléfono u otro registro electrónico, que la ley también contempla”, detalló.

Es por eso, que solicitó que “se evalúe la eventual violación a la Convención Americana y al Pacto Internacional, y, a su vez, el interés superior de un menor recién nacido, para que allí eventualmente, conjuntamente con las otras acciones emprendidas, como la denuncia ante el señor director de la Policía Civil se adopten las medidas que obliguen incluso a sancionar, si es el caso, el desapego a la regla interna de la Policía de Investigaciones”.

“Un informe policial incompleto e inexacto”

El abogado también señaló que se busca una posible sanción al Estado y la devolución de los elementos incautados. “Todo eso está solicitado al Tribunal de Garantía respectivo. Nosotros hemos fundamentado y esperamos que se debata prontamente el porqué un informe policial incompleto, inexacto, que confunde situaciones, personas, hechos, que dejó fuera elementos fundamentales, que, de otra manera, el Tribunal, de haberlos conocido, no habría dado lugar a esa medida”.

Añadió que parte de la información relevante habría sido omitida en el informe policial: “Por ejemplo, que se trataba de dos personas, no una sola, y que respecto de ciertas ofertas de terceros, la diputada Cariola los había reprobado y repetido expresamente. Y esos mensajes se dejaron fuera para generar una persuasión errónea”

“Lo segundo es que, en el sistema internacional, Chile tiene compromisos sobre los cuales hay obligaciones de no regresión y no repetición. Ninguna persona puede ser sometida a ese tipo de procedimientos, sobre todo cuando se sabía perfectamente, y los policías han dicho que reportaron a la fiscalía la situación en la que se encontraba, y, aun así, les ordenaron llevar adelante la diligencia en esa circunstancia”.

La denuncia a la PDI

Manríquez también describió lo ocurrido en el hospital durante el procedimiento. “El diputado Tomás de Rementería estaba en el Hospital Clínico Universidad de Chile. Y esto que se tome con la mayor altura de miras. Esta persona estaba con el teléfono de la señora Cariola, en la sala de parto, grabando el acto del parto. Esas grabaciones y filmaciones están en ese teléfono. Imagínense lo vejatorio que significa, dada la cultura de filtraciones ilegales que se han dado en el último tiempo, de este tipo de diligencias”.

Denunció, además, que hubo amenazas por parte de efectivos policiales. “Van y le dicen: ¿sabe qué? Espere un minuto, hagamos esto. Le dicen: si nosotros tenemos apostado un equipo en la casa, donde estaba la abuela con otros menores, y aquí afuera, desde hace un día. Si usted quiere escándalo, lo va a tener”.

“El informe policial es incompleto, erróneo y tiene afirmaciones que no son reales, y que dejó afuera información relevante, y que la fiscalía no lo controló, y que, tal como vino, lo copió, y con eso pidió la orden de entrada, registro e incautación. Quien ha entregado información incompleta, errónea y que induce a error no es la prensa, es el informe policial, para que quede claro”, cerró.

Cuestionó también la base de la investigación y la orden de allanamiento. “Ya, o sea, ¿el fiscal no tiene antecedentes suficientes, a su juicio, para abrir una investigación paralela a lo del caso Sierra Bella por tráfico de influencias en este caso y además haber ordenado el allanamiento? El sistema funciona así: la fiscalía conduce a las policías, pero su deber es controlarlas. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? Cuando usted pide medidas intrusivas, el estándar de revisión, de dirección, debe ser gubernista, esto es, extremo”.

Sostuvo que había otros mecanismos para obtener la información requerida. “Existen otros medios para obtener lo solicitado. La señora había prestado colaboración, había entregado documentos y había entregado otra serie de versiones mucho tiempo antes que esto. Si se lo hubieran pedido, por ejemplo, como al diputado Ojeda, como a la diputada Pérez, que se acercaron a solicitárselo así, personalmente, y lo entregaron, mire el resultado que hay. Uno está detenido, los dos desaforados, una señora está en proceso de confesión, otro desafuero, y en este caso, evidentemente, no había ninguna razón para actuar de manera diferente. Es algo que todavía no sabemos y que hay que darlo a conocer en un tribunal en su minuto”.

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