Ante críticas desde el PC: Ministra Tohá defiende estrategia para frenar desalojo de la toma de San Antonio
La venta de terrenos a través de cooperativas surge como una posible solución para evitar la expulsión de 10 mil personas.
Ante críticas desde el PC: Ministra Tohá defiende estrategia para frenar desalojo de la toma de San Antonio / SEBASTIAN RIOS
El desalojo de la megatoma de San Antonio sigue generando tensión en el oficialismo. Durante el comité político ampliado de este lunes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reiteró que el gobierno no entrará en desacato ante la orden judicial, pero que buscará soluciones alternativas para los 10 mil habitantes del asentamiento irregular.
La reunión, que contó con la participación de ministros y presidentes de partidos oficialistas, se centró en el acuerdo alcanzado por el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, con la Inmobiliaria San Antonio, propietaria del terreno en Cerro Centinela. Dicho acuerdo pospuso temporalmente el desalojo, que estaba programado para este jueves.
Oficialismo dividido ante la crisis
El sector más crítico dentro del oficialismo ha sido el Partido Comunista (PC), desde donde han exigido que se evite la expulsión de las familias por la fuerza.
- El comunal del PC en Viña del Mar emitió un comunicado afirmando que “la solución a las tomas no es el desalojo ni la criminalización de las familias” y sugirió que el Estado expropie los terrenos con fines de utilidad pública.
- El diputado Luis Cuello (PC) advirtió que el desalojo sería “un desastre desde el punto de vista humanitario”.
- El histórico arquitecto comunista Miguel Lawner fue aún más drástico: “Si el gobierno lleva a cabo el desalojo, nos vamos a defender. Yo voy a estar ahí presente”.
Ante estos cuestionamientos, Tohá fue tajante en el comité político: “El gobierno no puede desobedecer un mandato judicial”, consigna La Tercera.
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El rol del gobierno: evitar un desalojo forzoso
Desde el Ejecutivo han insistido en que la solución pasa por la venta de los terrenos a los pobladores mediante cooperativas, un modelo que ha impulsado el ministerio de Vivienda para atender la crisis habitacional.
- Tohá explicó que el desalojo no sería inmediato, sino gradual y negociado con los afectados.
- Montes y Cordero siguen en conversaciones con la inmobiliaria y las familias para lograr acuerdos que eviten confrontaciones con la policía.
Divergencias dentro del oficialismo
En el comité político, el tema despertó preocupación en los partidos de gobierno, especialmente en el PC, que ve con incomodidad la posibilidad de un desalojo con fuerzas policiales insuficientes y mediáticamente expuestas.
Lautaro Carmona (PC) admitió que es un tema sensible y que el partido seguirá monitoreando de cerca la situación para evitar que se convierta en una crisis política interna.
Efrén Osorio (AH) coincidió en que el Ejecutivo debe cumplir la orden judicial, pero destacó que se busca una solución progresiva y con alternativas habitacionales.
¿Qué pasará ahora?
El gobierno y los propietarios del terreno siguen en negociaciones para encontrar una salida que evite un desalojo masivo. Sin embargo, la presión política desde el oficialismo —particularmente del PC— podría generar nuevas tensiones si no se logra un acuerdo pronto.
Mientras tanto, las 4 mil familias que habitan la toma de “Edén Lajarilla” siguen en incertidumbre, a la espera de que el Ejecutivo defina cómo se llevará a cabo la orden judicial.
