Ministro Montes por desalojo a megatoma en San Antonio: “Acatamos lo que dicen los tribunales, eso no significa no tratar de buscar soluciones”
La medida, que fue ratificada por un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, afecta a más de 10.000 personas que habitan en 4.136 viviendas.
Agencia Uno
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, destacó la importancia de buscar soluciones humanitarias y sostenibles ante el inminente desalojo de la megatoma del cerro Centinela en San Antonio, programado para el próximo 27 de febrero.
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La medida, que fue ratificada por un dictamen de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, afecta a más de 10.000 personas que habitan en 4.136 viviendas.
Tras una reunión en La Moneda junto al subsecretario del Interior, Luis Cordero, y otras autoridades, el ministro Montes subrayó que el Estado debe acatar el fallo judicial, pero que el proceso requiere atención social.
“Acatamos lo que dicen los tribunales, eso no significa no tratar de buscar soluciones (...) Esto no es solo un tema legal, es un problema humanitario. Hay obligaciones del Estado de proteger especialmente a los niños y adultos mayores”, afirmó.
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Las cooperativas
El ministro explicó que ya han elaborado cinco informes sobre el terreno y que se ha planteado una solución que involucra a las familias mediante la conformación de cooperativas para la compra de los terrenos. “Este fin de semana está prevista una reunión para avanzar en la constitución formal de estas cooperativas”, detalló.
Sobre los plazos, el titular de Vivienda aclaró que el 27 de febrero es el inicio del proceso, no una fecha única para el desalojo: “Se contempla una ejecución paulatina y coordinada con los organismos involucrados”.
Además, adelantó que el lunes 24 se realizará una nueva reunión con los propietarios y el municipio local para intentar llegar a un acuerdo que permita un desarrollo ordenado del proceso.
Finalmente, la autoridad de Gobierno advirtió sobre la magnitud del desafío, considerando que Chile enfrenta la existencia de 1.432 campamentos a nivel nacional, con más de 100.000 familias afectadas. “La forma en que resolvamos esta situación puede marcar un precedente positivo o generar más conflictos”, cerró.
