Esta es la velocidad mínima garantizada de internet en Chile, según la ley
El país sigue avanzando en materia de conectividad y derechos digitales con esta implementación.
Ley de velocidad mínima garantizada
La Ley de Velocidad Mínima Garantizada (Ley 21.046) entró en marcha blanca el miércoles. Fue impulsada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) y promulgada en 2017, obliga a las empresas de telecomunicaciones a ofrecer un porcentaje mínimo de la velocidad contratada por los usuarios, tanto para conexiones fijas como móviles.
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Esto significa que los proveedores deben cumplir con lo prometido en sus planes de internet, evitando caídas significativas en la calidad del servicio.
¿Cómo funciona esta ley?
La Ley de Velocidad Mínima Garantizada establece parámetros claros de calidad para los servicios de internet en Chile. Por ejemplo, para que un plan sea considerado como “banda ancha”, deberá ofrecer al menos 5 Mbps en servicios móviles y 25 Mbps en conexiones fijas durante el primer año de vigencia de la normativa.
Sin embargo, los operadores que no cumplan con estos estándares no podrán utilizar el término “banda ancha” en su oferta comercial.
Además, a partir del segundo año, la definición de banda ancha se actualizará anualmente con base en el promedio de velocidad nacional, asegurando que los estándares evolucionen junto con los avances tecnológicos y las necesidades de conectividad del país.
Impacto en los proveedores de internet
Con la entrada en vigor de esta normativa, las empresas de telecomunicaciones deben ajustar sus servicios para cumplir con los estándares establecidos.
Esto no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también fomenta una competencia más justa en el mercado, incentivando a las compañías a invertir en infraestructura y tecnología para ofrecer conexiones más rápidas y estables.
Beneficios para los usuarios
La Ley de Velocidad Mínima Garantizada trae consigo múltiples beneficios:
- Mayor calidad de conexión: Los usuarios podrán disfrutar de un servicio más estable, especialmente en actividades que requieren alta velocidad, como el streaming, el teletrabajo y los videojuegos.
- Empoderamiento del consumidor: Con herramientas de medición y mayor claridad en los contratos, los usuarios podrán exigir que se cumpla lo prometido.
- Reducción de prácticas engañosas: La normativa pone fin a la publicidad que ofrece “hasta” ciertas velocidades, asegurando que las empresas detallen el rendimiento real de sus planes.
