Republicanos buscan recurrir al TC por compra fallida: acusan a Maya Fernández y a Isabel Allende de firmar contrato inconstitucional
El Tribunal Constitucional deberá resolver si hubo infracciones constitucionales, mientras la oposición pide el cese de la ministra de Defensa y de la senadora socialista.
Santiago
El Partido Republicano anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional (TC) para que evalúe la supuesta inconstitucionalidad de la fallida compra de la casa de Salvador Allende, en Guardia Vieja.
Acusan a la ministra de Defensa, Maya Fernández, y a la senadora del Partido Socialistas (PS) Isabel Allende de haber violado la Constitución al firmar el contrato de compraventa, lo que implicaría, según su interpretación, el cese automático de sus cargos.
Revisa también:
“Si no fuera gracias a la prensa, nadie en este país sabría de este secretito que tenían escondido entre el Presidente de la República, la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende”, señaló Luis Sánchez, jefe de bancada republicano.
Agregó que la firma del contrato activa los artículos 60 y 93 de la Constitución, que prohíben a autoridades firmar convenios con el Estado.
Respuesta de Isabel Allende
En respuesta, la senadora Isabel Allende compartió un comunicado donde defendió la legitimidad del proyecto para transformar la residencia en un museo. “Nuestra única motivación ha sido que la casa se transforme en un museo, como ocurre con los sitios republicanos simbólicos en tantas partes del mundo”, señaló.
También confirmó que la familia ha decidido desistirse de la operación y entregó el mandato necesario para rescindir el compromiso.”Toda la actuación de la familia fue de buena fe y, si han surgido observaciones, tendrán que ser tomadas en cuenta”, afirmó la senadora,
Además, subrayó que enfrentarán cualquier acción ante el TC. “Defenderemos nuestra posición. Esta familia nunca ha estado involucrada en conflictos de interés ni prácticas cuestionables”, manifestó.
La controversia ahora queda en manos del TC, que deberá determinar si el contrato de compraventa, finalmente no ejecutado, constituye una infracción constitucional que amerite sanciones contra las autoridades involucradas.
