Gobierno presenta protocolo para agilizar expulsiones de extranjeros con órdenes vigentes
“Nosotros necesitamos hacer esa distinción respecto de aquellas personas que cumplen la ley, de aquellos que no lo cumplen”, dijo el ministro (s) del Interior, Luis Cordero.
Durante este viernes, autoridades de gobierno, Gendarmería, y la Policía de Investigaciones dieron a conocer un nuevo protocolo para agilizar las expulsiones administrativas de extranjeros con órdenes vigentes. Este protocolo busca priorizar a aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública o que están vinculados al crimen organizado.
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Al inicio del mandato actual, había 24,000 órdenes de expulsión vigentes, cifra que aumentó a 30,000 este año. A pesar del incremento, las autoridades han concretado 662 expulsiones, lo que marca el mayor número en los últimos seis años.
El protocolo presentado busca mejorar la coordinación entre la Policía de Investigaciones, Gendarmería y el Servicio Nacional de Migraciones. Entre los avances destacan un mejor intercambio de información, la priorización de casos de alto riesgo y plazos más acotados para ejecutar las expulsiones.
Además, se establece un plazo de 48 horas para gestionar pasajes de repatriación y un máximo de 24 horas para ejecutar la expulsión una vez ratificada por los tribunales.
“Apuntan a tener un mejor control de la migración”
El ministro subrogante del interior, Luis Cordero, destacó que este proceso se alinea con otros esfuerzos del gobierno, como la regularización migratoria y medidas para reforzar la seguridad pública.
“El acceso a tecnología por parte de las policías para sus controles en el caso de la situación migratoria, la suscripción de este protocolo, la evaluación de los antecedentes y el reforzamiento del plan frontera norte, todos apuntan a tener un mejor control y un adecuado control de la migración, pero para eso, nosotros necesitamos hacer esa distinción respecto de aquellas personas que cumplen la ley de aquellos que no lo cumplen”, dijo Cordero.
Sin embargo, la oposición expresó preocupación respecto a la coherencia de las medidas, especialmente en el contexto de los avances en la regularización migratoria. El senador José Miguel Duran, miembro de la Comisión de Seguridad Pública, presentó un oficio ante la Contraloría para esclarecer la situación de las 400,000 personas que tienen un carnet de identidad temporal.
“Hoy día nosotros vemos la noticia de esta agilización del procedimiento en materia de expulsiones administrativas. Bueno, nos asalta la duda cómo esto va a conversar con este proceso de migración que quiere regularizar el gobierno. Yo he presentado un documento, un oficio a la Contraloría pidiendo que se investigue formalmente qué pasa con las cuatrocientas mil personas migrantes, que en algún minuto el Servicio de Migraciones autorizó el registro civil para que se le entregara la cédula de identidad temporal”, comentó.
Por su parte, el gobierno aclaró que las 182,000 personas empadronadas hasta febrero de este año no accederán automáticamente a la regularización. Cada caso será evaluado individualmente, según lo informado por las autoridades.
