Corea del Sur: Expresidente no se presenta por segunda vez al interrogatorio sobre la ley marcial
Yoon Suk Yeol se ausentó de la cita con el equipo investigador. El abogado del exmandatario dijo que su cliente ve como más relevante lo que indaga el tribunal constitucional.
Seúl de Corea del Sur
La institucionalidad en Corea del Sur sigue en crisis y su expresidente acentúa las dificultades al no presentarse por segunda ocasión a declarar por el caso sobre la fallida aplicación de la ley marcial. Yoon Suk Yeol dejó esperando nuevamente al equipo especial de la Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Oficiales. El asesor legal del exmandatario derechista había anunciado que era “poco probable” que se presentara en la instancia. Esa instancia es una agencia especializada en indagar casos que protagonizan funcionarios surcoreanos de mayor rango.
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El abogado del exmandatario, Seok Dong Hyeon, dijo que su representado “cree que el juicio político ante el Tribunal Constitucional debe tener prioridad, ya que la Asamblea Nacional ya ha iniciado todo el proceso”. La apuesta legal de Yoon Suk Yeol es que el TC no valide la destitución aprobada por el parlamento, la que llegó a días de la fallida aplicación de la ley marcial. La instancia tiene un plazo para evaluar la decisión de los legisladores.
El Tribunal Constitucional de Corea del Sur posee seis meses para definir si Yoon Suk Yeol infringió la carta magna o no lo hizo. El plazo comenzó a regir desde que el 14 de diciembre el presidente derechista fuera retirado de su cargo. En paralelo la policía y la fiscalía investigan al expresidente por las decisiones que lo llevaron a aplicar la ley marcial. Un tema relevante es que el exgobernante quiso que fueran detenidos diferentes líderes políticos para impedir toda oposición.
La justicia surcoreana determinó el arraigo nacional de Yoon Suk Yeol y de otros integrantes de su gabinete de gobierno, por el tiempo en que se investigan sus eventuales responsabilidades. Las pesquisas alcanzan también a altos manos de la policía y de las fuerzas armadas por eventuales delitos de amotinamiento, abuso de poder o insurrección. El equipo legal del destituido presidente apuesta a dilatar las investigaciones hasta la definición del TC.