CDE y Fiscalía apelan resolución que levantó prisión preventiva de Cathy Barriga: acusan falta de fundamentos
Ambas entidades cuestionan la decisión del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, alegando riesgo para la sociedad y falta de nuevos antecedentes relevantes.
La Fiscalía Metropolitana Oriente y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentaron recursos de apelación ante la Corte para revertir el arresto domiciliario de Cathy Barriga y reinstaurar su prisión preventiva. La exalcaldesa de Maipú, imputada por delitos de corrupción y falsificación de instrumento público, permaneció cerca de un mes en la cárcel de San Miguel hasta que el pasado 18 de diciembre el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago modificó la medida cautelar.
El Ministerio Público, encabezado por la fiscal Lorena Parra, argumentó que la magistrada María Inés Lausen Montt cambió una resolución ya firme sin contar con nuevos antecedentes relevantes. Entre sus cuestionamientos destaca el uso de informes médicos del hijo menor de Barriga como argumento para el cambio, elementos que ya habían sido analizados en la audiencia que determinó su reclusión el 12 de noviembre, consigna La Tercera.
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Además, la Fiscalía aseguró que el tribunal ignoró nuevos antecedentes presentados por los querellantes que demostrarían un dolo en las acciones de Barriga al administrar los recursos municipales. “Durante su período administró de forma maliciosa e irregular el patrimonio municipal de Maipú, lo que representa un peligro para la seguridad de la sociedad”, se lee en el escrito presentado ante la Corte.
Por su parte, el CDE también impugnó la decisión del juzgado, calificándola de insuficientemente fundamentada y ajena al mérito del proceso. En su recurso, el organismo rechazó la idea de que la prisión preventiva dictada previamente constituya un cumplimiento anticipado de condena, enfatizando que los fundamentos de esta medida estaban claramente establecidos en resoluciones previas del Tribunal de Garantía y la Corte de Apelaciones.
El caso de Cathy Barriga involucra una investigación por presuntas irregularidades cometidas entre 2016 y 2021 durante su gestión como alcaldesa. Según la actual administración de Maipú, liderada por Tomás Vodanovic, el perjuicio al municipio ascendería a $33.515.721.000.
Las acusaciones también salpican a su esposo, el diputado Joaquín Lavín León, quien renunció a la UDI tras allanamientos de la PDI relacionados con facturas ideológicamente falsas emitidas por la municipalidad.