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Dificultades en implementación de la Ley de Extraviados: acusan problemas tecnológicos y operativos

La Ley 21.500 busca mejorar la coordinación en la búsqueda de personas desaparecidas mediante un sistema interconectado entre Carabineros y la Policía de Investigaciones.

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Dificultades en implementación de la Ley de Extraviados

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Santiago

La Ley 21.500, conocida como la Ley de Extraviados, busca centralizar en un sistema online las denuncias por presunta desgracia, mejorando la coordinación entre Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Sin embargo, su implementación enfrenta varios desafíos. Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito, explicó que el principal obstáculo es la falta de interconexión entre los sistemas de registro de las instituciones. “Nunca han conversado mucho tecnológicamente, ha sido todo un desafío para el Estado”, señaló.

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Leitao también enfatizó la urgencia de resolver este problema, subrayando que otras instituciones deben comprender la importancia de esta tarea. “Este es un tema prioritario y urgente”, destacó.

Un problema adicional es que las denuncias por presunta desgracia no constituyen un delito, lo que impide que la Fiscalía autorice diligencias invasivas, como la intervención de teléfonos.

Urge la implementación de un protocolo

Eduardo Labarca, exprefecto de la PDI, explicó que factores humanos y geográficos también complican la resolución de algunos casos. “La mayoría de las veces sí ocurre, pero hay casos sumamente difíciles”, afirmó, refiriéndose a situaciones complejas como la de una persona hallada después de dos años en un tranque en Temuco.

Sabas Chahuán, exfiscal nacional, reconoció que la ley es un avance, pero dijo que es urgente establecer un protocolo interinstitucional. “Creo que debería dictarse ese protocolo, tal vez tratando el Ejecutivo de sentar a las partes a la brevedad”, indicó, destacando la necesidad de una mejor coordinación entre las instituciones involucradas.

El gobierno del Presidente Gabriel Boric ha fijado el primer semestre de 2025 como plazo para que el Sistema Informático Interconectado de Búsqueda de Personas (SISPED) esté operativo, con la esperanza de mejorar la eficiencia en la búsqueda de personas desaparecidas.

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