La Policía Federal de Brasil desclasificó un informe de 884 páginas en el que detalla un fallido plan de golpe de Estado y asesinato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El documento implica directamente al expresidente Jair Bolsonaro, quien habría tenido “pleno conocimiento” y participación en la trama, bautizada como Puñal Verde y Amarillo.
El plan, diseñado en 2022 tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones presidenciales, buscaba evitar la asunción de Lula mediante magnicidios. Entre los objetivos también figuraban el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien supervisó el proceso electoral.
Un complot con arsenal militar
Los conspiradores, que incluían militares de élite conocidos como kids pretos (chicos negros), planificaron ataques con armas de guerra como lanzagranadas, fusiles y lanzacohetes. Además, barajaron el uso de agentes químicos para envenenar al actual presidente brasileño, aprovechando su “vulnerable estado de salud”, según los documentos incautados.
Los detalles de la logística, incluidas reuniones en el Palacio de Planalto y listas de equipamiento, fueron recuperados de dispositivos electrónicos de los implicados. La operación fue dirigida por el general retirado Mario Fernandes, mientras que Bolsonaro habría aprobado aspectos claves del plan, según el informe.
Acusaciones y posibles sanciones
Bolsonaro, junto con 36 personas, enfrenta acusaciones de “golpe de Estado, abolición violenta del Estado de derecho y organización criminal”, delitos que podrían acarrear hasta 28 años de prisión. El informe también señala que el exmandatario intentó manipular a altos mandos militares para obtener apoyo al golpe, aunque sin éxito.
El expresidente, quien calificó las acusaciones como una “persecución política”, negó su participación. “La palabra golpe nunca estuvo en mi diccionario”, afirmó. Sin embargo, la Policía sostiene que Bolsonaro lideró el plan hasta que este fue abandonado por “circunstancias ajenas a su voluntad”.
La Fiscalía General de Brasil decidirá en los próximos meses si formaliza los cargos contra el exjefe de Estado y los demás implicados. El caso podría complicar aún más las aspiraciones políticas del exmandatario, quien ha manifestado su intención de postularse nuevamente en las elecciones de 2026.
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